El pasado martes, el Govern aprobaba el decreto ley de regulación de viviendas de uso turístico con el objetivo de acotar la proliferación de estos inmuebles y evitar que acaben copando el mercado, lo cual podría generar un riesgo de falta de vivienda de uso residencial y de gentrificación. En concreto, se somete a licencia urbanística previa las viviendas de uso turístico de 262 municipios catalanes, listado donde figuran las poblaciones más turísticas del país. Esta medida ha generado polémica entre el sector y algunos partidos de la oposición. Junts per Catalunya ha registrado una solicitud de dictamen, ante la Mesa del Parlamento, al Consell de Garanties Estatutàries para que evalúe si la normativa "vulnera el principio de autonomía local". En concreto, los juntaires piden al órgano que aclare "la adecuación" del decreto al Estatut y la Constitución. El PSC también ha presentado un escrito igual que lo han hecho PP y Vox de forma conjunta.

Desde el punto de vista del partido, la nueva regulación "invade de lleno las competencias urbanísticas propias de los municipios y, por lo tanto, el principio de autonomía local reconocido en el Estatut por los artículos 84.1 y 84.2 (en varios apartados), 86.1 y 86.3; así como vulnera el artículo 140 de la Constitución". En un comunicado, Junts lamenta que la regulación incorporada en la normativa "se convierte en una regulación directa de las condiciones de implantación de las viviendas de uso turístico de cada municipio, sin que estos tengan la capacidad de decidir la configuración propia de su municipio teniendo en cuenta sus singularidades". Específicamente, los puntos donde Junts ve estas vulneraciones son los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley, la Disposición Transitoria primera y segunda, y la Disposición final primera.

Junts considera que se vulnera el principio de seguridad jurídica

Más allá de cuestionar que respete el principio de autonomía local, Junts también pone el foco en una posible vulneración del principio de seguridad jurídica por el hecho de que "establece un régimen transitorio sobre las viviendas de uso turístico existentes en la entrada en vigor". En opinión de la formación, esta regla de transitoriedad "conforma no solo un mecanismo confuso, sino una situación de incertidumbre absoluta e insuperable para los ciudadanos afectados, que les sitúa en una inseguridad jurídica no solventable". Junts denuncia que, en las localidades donde actualmente la densidad de viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes sea superior a 10, tendrán que cesar las actividades actuales sobrantes —según estipula el decreto— "sin que la regulación establezca los criterios por los cuales se determinan cuáles actividades son las que cesan y cuáles no": "En consecuencia, es imposible determinar por la normativa aprobada por el Govern los criterios concretos que tienen que aplicarse para determinar de forma efectiva las actividades que deben cesar". En este sentido, añaden que los titulares actuales de viviendas de uso turístico "no pueden determinar la afectación del decreto sobre su vivienda".

En este escrito, el grupo parlamentario, encabezado por Albert Batet, también propugna que la nueva regulación "vulnera las condiciones para realizar un decreto ley previstas en el Estatut y en la Constitución, que establecen que esta es una herramienta legislativa de carácter extraordinario, limitada y contextualizada a situaciones limitadas". "Se vulnera desde la vertiente formal porque no acredita, justifica o demuestra que la 'necesidad extraordinaria y urgente' relativa a la situación de la falta de vivienda destinada a residencia permanente pueda ser solucionada con la afectación del régimen de viviendas de uso turístico". De hecho, Junts arguye que "no hay ningún dato objetivo que pueda acreditarla" y también sostiene que el decreto ley tiene por objeto "materias excluidas de esta figura".