Hay alguna pieza que de momento no encaja en la detención de Carles Puigdemont en el Alguer. El pasado 30 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) aseguraba que España le había manifestado que las euroórdenes no se podían ejecutar. En cambio, fuentes del Tribunal Supremo replican las órdenes de detención nunca fueron desactivadas. Sea como sea, el clima político se ha visto, como mínimo, sacudido. En este contexto, Junts per Catalunya mira hacia el Estado y su posible papel en los hechos.
Este viernes por la mañana, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados ha registrado dos preguntas escritas al Gobierno. En primer lugar, Nogueras reclama "qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno (incluidos sus servicios de inteligencia) en relación a la detención ilegal, el 23 de septiembre de 2021, del eurodiputado y president de Catalunya en el exilio". En segundo lugar, la portavoz de Junts quiere saber "qué va a hacer el Gobierno, interlocutor único ante la Unión Europea, ante la injerencia del poder judicial español".
Aunque el discurso público del Gobierno no se mueva de las coordenadas habituales ("respeto" a la actuación judicial), sí que es un obstáculo importante en el panorama político que tiene de antemano. La detención del president Puigdemont, cuando según la defensa del presidente tendría que tener la euroorden suspendida, llega una semana después de la mesa de diálogo, coja por la ausencia de Junts per Catalunya. Y llega también cuando se inicia la negociación de los presupuestos del Estado, donde los votos de los partidos independentistas serán claves para que Pedro Sánchez vuelva a aprobar unas cuentas públicas. Se añade un nuevo elemento encima de la mesa: la situación de los exiliados que no resolvieron los indultos parciales.
Moncloa "separa"
Era evidente que la detención del presidentCarles Puigdemont crearía muchas turbulencias, también en la política española. Desde La Moncloa emiten comunicados que no dicen nada, expresando "respeto" por los tribunales y poco más. Pero hay un temor: que todo acabe afectando a la relación con el independentismo. Por eso, este viernes, varios ministros han corrido a intentar desvincular lo que ha pasado de la negociación de los presupuestos del Estado y de la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat.
Por una parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido situar la detención de Puigdemont "al margen" de la negociación de los presupuestos del Estado. "No tiene ningún sentido", ha valorado. La titular de Defensa ha separado "una situación personal", la de Puigdemont, de las cuentas públicas del Estado, que persiguen "favorecer la vida de las personas y el interés general". Por otra parte, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha esperado que estos hechos no afecten al diálogo con el independentismo, especialmente con ERC. En este sentido, Morant ha defendido que "tendría que separarse completamente".