La Junta Electoral Central (JEC) tiene otra patata caliente sobre la mesa relacionada con políticos independentistas. Después de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra Laura Borràs por prevaricación y fraude, el PP, Vox y Ciudadanos han enviado la sentencia de prisa a la JEC para que ordene al Parlament que le retire el escaño. Fuentes del órgano que regula los procesos electorales confirman a ElNacional que ya tienen el caso Borràs entre manos aunque aseguran que "seguro" que se resolverá pasada la Semana Santa. Ahora bien, los precedentes del expresidente Quim Torra y el exdiputado Pau Juvillà hacen pensar que la JEC empujará la cámara catalana a desbancar a Borràs de su silla.
Juvillà y Torra, los precedentes nada alentadores
La JEC se ha aferrado históricamente al artículo 6.2.b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para arrebatar la credencial al expresidente de la Generalitat Quim Torra y al exdiputado de la CUP Pau Juvillà. Aunque tampoco tenían sentencias firmes, la JEC fue directa a raíz de las denuncias promocionadas por la derecha españolista al Parlamento con el argumento de la "ineligibilidad sobrevenida". El articulado en cuestión detalla que son "inelegibles" los condenados por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado. En este sentido, se considera que la prevaricación a la cual se ha condenado Borràs es un delito contra la Administración Pública.
En el caso de Quim Torra, la JEC revocó la decisión de la Junta Electoral de Barcelona, que había rechazado declararlo inelegible al considerar que hacerlo antes de la condena fuera firme vulneraría el derecho fundamental a representación política. En la resolución emitida al principio de 2020, la Junta -dividida por 7 votos a favor y 6 en contra- acordó retirarle la credencial de diputado autonómico, condición indispensable para ser presidente de la Generalitat, después de que el TSJC lo condenara por un delito de desobediencia al negarse a retirar una pancarta a favor de los presos políticos en periodo electoral. El presidente del Parlament en aquella época, el republicano Roger Torrent, le retiró el acta haciendo cumplir el orden. A pesar de resistir, el Tribunal Supremo (TS) acabó confirmando la pena de inhabilitación derivada de la sentencia.
La otra precedente afecta al exdiputado de la CUP Pau Juvillà, que en diciembre de 2021 el TSJC condenó a seis meses de inhabilitación y una multa de 1.080 euros por negarse a retirar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida, donde era concejal, durante las elecciones de 2019. A petición del PP, Ciudadanos y Vox, la Junta enmarcó el delito de desobediencia al catálogo de delitos contra la Administración Pública y, por lo tanto, su condena se convirtió "en causa de ineligibilidad".
En la resolución, la JEC citaba el caso de Torra y se reafirmaba en que Juvillà tenía que ser sustituido conforme a la ley electoral y a la jurisprudencia del TS. En aquella ocasión, la misma Laura Borràs, como presidenta del Parlament, acató el orden de la JEC aunque se había comprometido a proteger el acta de lo que también era secretario de la Mesa.
La JEC contra los eurodiputados independentistas
El órgano de los procesos electorales también tuvo un papel primordial en las elecciones europeas de mayo de 2019. Fruto de los resultados, los exiliados Carles Puigdemont y Antoni Comín, y el encarcelado preventivamente Oriol Junqueras fueron escogidos como eurodiputados. Una vez efectuado el Brexit, la exiliada Clara Ponsatí también ocupó un escaño en el Parlamento Europeo. Pues bien, en todos los casos la JEC puso palos en las ruedas para que fueran considerados europarlamentarios dejando los escaños vacantes porque, según argumentaron, no habían acatado debidamente la Constitución española.
De hecho, les reclamaba que acudieran al Congreso de los Diputados en persona para que aceptaran el mandato de la Carta Magna. Como resultado de los impedimentos, ni Puigdemont ni Comín ni Junqueras pudieron asistir a la sesión constitutiva de principios de julio de 2019. Sin embargo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les reconociera la inmunidad, la Eurocámara incorporó al expresident y el exconseller de Junts como parlamentarios de pleno derecho a principios de 2020. Después hizo lo mismo con Ponsatí. En el caso de Junqueras, el Parlamento Europeo acató la sentencia condenatoria del TS que lo inhabilitaba para ocupar un cargo público.
¿Quién conforma la Junta Electoral Central?
La JEC es el órgano encargado de velar para que los procesos electorales funcionen en base al correcto funcionamiento, la transparencia y la igualdad. La LOREG le atribuye la potestad para resolver quejas, recursos y reclamaciones relacionados con las elecciones. Es un organismo que se renueva cada legislatura, está compuesto por 8 vocales escogidos por sorteo entre los magistrados del Supremo y cinco catedráticos elegidos por el Congreso de los Diputados. Al margen de esta lista de 13 miembros, también forman parte, aunque sin derecho al voto, el secretario general de la cámara española y el director de la Oficina del Censo Electoral.
En la actualidad el presidente de la JEC es el magistrado de la Segunda Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Miguel Colmenero, desde el 2002, siendo Ángel Acebes ministro de Justicia. Colmenero compitió, sin éxito, con Maunel Marchena para presidir la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que después condenaría por sedición a los líderes del procés independentista. En el 2018, fue uno de los tres magistrados que ratificó la prisión preventiva para Oriol Junqueras.
Como magistrado, formó parte del tribunal que condenó Baltasar Garzón, fue el poniente del caso de los ERE de Andalucía y sonó como candidato para ocupar la vacante de Fiscal General del Estado después de la muerte repentina de José Manuel Maza. Por otra parte, el vicepresidente de la JEC es el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, sustituyendo a María Luisa Segoviano, que tomó posesión como magistrada del Tribunal Constitucional.