El colectivo de juristas Praga ha denunciado la vulneración reiterada del estado español del derecho de la Unión Europea a la presunción de inocencia.

Los juristas, en un comunicado, han destacado tres graves incumplimientos de la legislación europea, cómo son el mantenimiento de la prisión provisional de los políticos y de los líderes independentistas acusados, la falta de recursos judiciales efectivos y las declaraciones públicas sobre los investigados o acusados como culpables.

La Unión Europea aprobó la Directiva 2016/343, del Parlamento Europeo y del Consejo en el 2016 por la cual se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. El colectivo Praga evidencia en su misiva que esta directiva es de aplicación a todas las fases del proceso penal y, por lo tanto, a todas las resoluciones judiciales y "no sólo a las sentencias".

Asimismo, esta directiva precisa que antes de adoptar una resolución preliminar de carácter procesal, la autoridad competente tiene que comprobar previamente que hay bastantes pruebas de cargo contra el acusado. Según los juristas "es bastante evidente" que muchas de las resoluciones preliminares procesales "en especial, la prisión provisional de los políticos y de los líderes sociales acusados", no se basan en una "prueba de cargo suficiente".

En segundo lugar, el colectivo explica que la ley establece que los sospechosos y acusados tienen que tener vías de recurso efectivo cuando se vulneren los derechos de presunción de inocencia. En este sentido, en el comunicado, los profesionales subrayan "la vulneración por parte del Tribunal Constitucional al admitir y no resolver la mayoría de los más de 30 recursos de amparo presentados por los presos políticos".

Por último, en un tercer punto el Colectivo Praga recuerda que las declaraciones públicas de las autoridades no se pueden referir a los acusados como culpables. Otro derecho que los juristas consideran se ha vulnerado, y lo ejemplariza con menciones de las autoridades públicas españolas dónde se han referido a los presos como "manchados de delitos", "candidatos no limpios, indultos no" e, incluso, directamente la de "culpables".

El colectivo Praga, ha denunciado con estas tres evidencias como "el Estado español no está respetando los valores que fundamentan la UE" de "respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos", concluye.