La Audiencia de Barcelona ya ha fijado las fechas para juzgar a los exconsellers de Salut, Alba Vergés (ERC) y Josep Maria Argimon (Junts), acusados de retrasar la vacunación de la COVID-19 a los agentes de la policía española y la Guardia Civil destinados en Catalunya en 2021. La sección sexta ha fijado diez sesiones: el 29 y 30 de junio, y los días 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 15 de julio de 2026, según la resolución a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles. La Fiscalía de Barcelona pide 12 años de inhabilitación a cargo público por un delito de prevaricación para Vergés y Argimon -cuando era director general del Institut Català de la Salut- y también para Marc Ramentol, exsecretario general del Departament de Salut, y Adrià Comella, exdirector de Servei Català de la Salut.
La causa fue impulsada por el sindicato JUPOL, de la policía española, y JUCIL, de la Guardia Civil, que en un comunicado han celebrado la apertura del juicio a los exresponsables de Salut. Y aseguran: "Así se demuestra que no se trató de un simple error administrativo ni de una cuestión logística, sino de una decisión política intencionada que puso en riesgo la salud de cientos de policías y guardias civiles por motivos ideológicos.” La defensa de los procesados lo niega con rotundidad, y sostienen que fueron decisiones con criterio técnico.
Petición de prisión
La vacunación de los agentes de la policía española y guardias civiles estaba programada para empezar de forma masiva en el aeropuerto del Prat, el 14 de marzo de 2021. La dirección de Salud ordenó pararlo porque desde el Gobierno se había indicado que había problemas con la vacuna AstraZeneca, al detectarse casos de trombosis, y que solo se vacunara las personas mayores de entre 60 y 65 años. El 22 de marzo se indicó que ya se podía volver a vacunar todo el mundo. En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que todos los investigados "eran plenamente conscientes que con su decisión discriminaban" los agentes españoles.
Los sindicatos policiales denunciaron la paralización de la vacunación a los agentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenó la medida cautelar de vacunar de forma inmediata a los policías españoles. Así, el 10 de mayo de 2021 ya se habían vacunado unos 4.506 agentes de los dos cuerpos policiales, y se finalizó la acción el 14 y 19 de mayo. El TSJC abrió la puerta a reclamar responsabilidades por la vía penal, tal como han hecho la Fiscalía y los sindicatos policiales.
En concreto, los sindicatos policiales reclaman para los dos exconsellers y los tres excargos de Salud tres años de prisión, 15 años de inhabilitación y pagar una multa de 72.000 euros por los delitos contra los trabajadores y de prevaricación. Incluyen en la acusación a Francesc Xavier Rodríguez, entonces director de servicios del Departament de Salut, para quien la Fiscalía pidió el sobreseimiento de su imputación.