La Fiscalía de Barcelona pide 12 años de inhabilitación a cargo público a los exconsellers de Salud, Alba Vergés (ERC) y Josep Maria Argimon (Junts), a quién acusa de un delito de prevaricación por supuestamente haber retrasado intencionadamente la vacunación de la Covid-19 a los agentes de la policía española y la Guardia Civil destinados en Catalunya en el 2021, según el escrito de acusación al cual ha tenido acceso este diario. La Fiscalía pide el mismo castigo para Marc Ramentol, exsecretario general del Departament de Salut, y Adrià Comella, exdirector de Servei Català de la Salut, mientras pide el sobreseimiento para Francesc Xavier Rodríguez, director de servicios del Departament de Salut. En aquella época, Argimon era el director general del Institut Català de Salut.
Por su parte, los sindicatos de la policía española y de la Guardia Civil Jupol y Jucil reclaman para los dos exconsellers y los tres excargos de Salut tres años de prisión, 15 años de inhabilitación y pagar una multa de 72.000 euros por|para los delitos contra los trabajadores y prevaricación, como avanzó este diario. Las defensas de los excàrrecs de Salut niegan que hayan cometido ninguna acción prevaricadora y que fue una actuación colegiada y con criterios sanitarios
"Plenamente conscientes"
La vacunación de los agentes de la policía española y guardias civiles estaba programada para empezar de forma masiva al aeropuerto del Prat, el 14 de marzo de 2021. La dirección de Salut ordenó pararlo porque desde el gobierno español se había indicado que había problemas con la vacuna AstraZeneca, al detectarse casos de trombosis, y que solo se vacunara las personas mayores de entre 60 y 65 años. El 22 de marzo se indicó que ya se podía volver a vacunar todo el mundo. El fiscal sostiene que todos los investigados "eran plenamente conscientes que con su decisión discriminaban" a los agentes españoles. Precisa que en aquellas fechas solo el 2,8% de agentes de la Guardia Civil y el 3,6% de agentes de la policía española destinados en Catalunya habían sido vacunados, mientras ya la tenían el 77% del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, y con porcentajes similares la Guardia Urbana de Barcelona, policías locales y el cuerpo de los bomberos.
Los sindicatos policiales denunciaron esta situación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ordenó la medida cautelar de vacunar de forma inmediata a los policías españoles. Así, el 10 de mayo de 2021 ya se habían vacunado unos 4.506 agentes de los dos cuerpos policiales, y se finalizó la acción el 14 y 19 de mayo. Finalmente, en la sentencia el TSJC resolvió que la dirección de Salut no había actuado correctamente, y la Fiscalía los denunció por prevaricación. Ahora, acabada la instrucción, pide que sean enjuiciados y condenados. Actualmente, los ex consellers Vergés y Argimon no ocupan ningún cargo público.