El fiscal jefe de Catalunya no ha tenido que argumentar mucho para mantener que Quim Torra desobedeció al no sacar la pancarta con la inscripción de "presos políticos" y un lazo amarillo del Palau de la Generalitat porque el president lo ha admitido, "con las propias manifestaciones del acusado que no lo ha escondido".

Francisco Bañeres ha dicho que Torra "se vino arriba en una espiral de hacer befa a la Junta Electoral Central" y cambió la pancarta del lazo amarillo por una del lazo blanco. Y que incluso contravino al síndic de greuges, que "podía enmendarle la plana y tener una posición divergente".

"La actitud del acusado no sólo era voluntad, sino que venía avalada por la opinión de juristas y abogados, en cambio, la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat no avalan la ilicitud del comportamiento dirigido a incumplir la orden y la opinión del síndic de greuges". Y ha explicado el informe en el que Rafael Ribó recomendaba sacar la pancarta: "El síndic de greuges evaluó sus dictámenes. Hace referencia a la libertad de expresión, admite algunas posturas, pero el síndic de greuges sugiere al Govern coger el acuerdo y las medidas oportunas para dar cumplimiento al acuerdo de la JEC".

El acusado mostró su desprecio por la JEC, con falta de respeto institucional

Bañeres ha destacado que Torra no desperdició ninguna comparecencia pública para hacer gala de su desobediencia y de que era garante de la libertad de expresión.

"El lazo amarillo, y la estelada, no es compartido por la totalidad de la ciudadanía de Catalunya y, por lo tanto, no es neutral", ha dicho el fiscal que también ha reprochado al president que nunca se puso sobre la mesa la competencia de la Junta Electoral Central para dictar la orden.

El acusado desprecia a la justicia, pero ya ha presentado dos querellas

El fiscal también ha dicho que ante la gran complejidad que alega Torra para poder retirar los símbolos de todos los edificios, está la declaración del comisario Esquius que ha explicado que en menos de 24 horas se sacaron. Y después de 39 minutos de informe final, Francisco Bañeres ha pedido "una sentencia condenatoria".