Responder a las preguntas de la acusación popular que encarna Vox se convierte en un via crucis para algunos de los testigos que han comparecido. Los exdiputados Eulàlia Reguant y Antonio Baños se negaron a responder a sus preguntas y eso imposibilitó su declaración, solicitada por las defensas. Otros testigos han optado por expresar su protesta pero salvando la declaración. Fue el caso del exdiputado David Fernández y este lunes, el de Lluís Llach.

Llach, había sido citado por Vox a raíz de su presencia en el departamento de Economía el 20 de septiembre. Ha empezado respondiendo a las preguntas de Javier Ortega Smith pero al cabo de 1 minuto y medio de declaración y cuatro preguntas no ha podido callar. Ha pedido la palabra al presidente del tribunal, Manuel Marchena, para advertir que "como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo" está en desacuerdo con el hecho de tener que responder a las cuestiones de Vox.

La respuesta de Marchena es ya de manual. "La sala respeta perfectamente su modelo de vida, absolutamente en todo. Sólo quiere que el acto se haga como establece la ley", ha pedido.

Cuestionar a la acción popular

Pero hoy, precisamente el día en que el abogado de la acusación popular y número dos de Vox ha aparecido en el tribunal convertido en diputado electo del Congreso, el presidente de la sala ha ido más allá.

Ha explicado al testigo que el letrado que hace las preguntas "personifica la acción popular" y que esta figura está contemplada en el sistema jurídico español. Pero ha admitido la posibilidad de cuestionar no ya la presencia de Vox sino la existencia misma de la acción popular. "Cada uno puede tener una actitud intelectual sobre la existencia o no de la acción popular pero está en el sistema jurídico", ha argumentado.

Marchena ha hablado como si Llach hubiera planteado no un debate ético sobre el esfuerzo que le representaba tener que responder a Vox sino un debate jurídico sobre la existencia de esta figura.

Sin violencia

El exdiputado, que ha explicado que fue él quién aconsejó a los Jordis subirse a los coches para hablar a los concentrados el 20-S, se ha presentado en la sala con una camisa azul, que hacía destacar un contundente lazo amarillo. Desde el momento mismo en que se ha sentado se ha desgañitado a intentar explicar la ausencia de violencia de las protestas independentistas y de la protesta que se registró aquel 20 de septiembre en Barcelona. Asimismo, ha desgranado los esfuerzos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por evitar ningún tipo de incidente y facilitar la salida de la comitiva judicial, incluidas las protestas que tuvieron que recibir de los manifestantes. "A mí en un escenario nunca me habían silbado así, con perdón", ha asegurado en referencia a la bronca que recibió a Jordi Cuixart, cuando pidió a los manifestantes que se marcharan.

La intervención de Llach ha cerrado una jornada centrada básicamente en la comparecencias de testigos internacionales, que han puesto en evidencia las deficiencias del servicio de traducción del Supremo, con una intèrprete de esloveno incapaz de traducir los conceptos jurídicos que se le planteaban y una eurodiputada portuguesa que ha optado por hablar directamente en castellano, mientras que el abogado Andreu Van den Eynde ha tenido que matizar de nuevo al traductor de alemán.

Testigos internacionales incómodos

Los testigos internacionales no han sido del agrado de las acusaciones. La eurodiputada portuguesa, Ana Gomes, tampoco ha gustado al tribunal cuando ha explicado que el 1-O pasaba el día con los sus nietos cuando vieron a través de la televisión los acontecimientos que se sucedían en Catalunya. Aquel mismo día había también elecciones en Portugal y cuando dijo a los nietos que iban a votar estos replicaron: "¿pero abuela, es peligroso, no ves lo que pasa?". "Eso no es aquí, desgraciadamente es España, no hay peligro aquí", tranquilizó la abuela, en una respuesta que hoy Marchena ha cortado argumentando que no aportaba nada a la causa.

Tampoco ha entusiasmado a las acusaciones el testimonio de la política canadiense Manon Massé, hasta el punto que la fiscal Consuelo Madrigal le ha preguntado si sabía que el 1-O se votaba con censo universal, lo cual quería decir que se podía votar en cualquier lugar y varias veces". Las protestas del público han sido tan ruidosas que han obligado a Marchena a poner orden y dar un toque de atención a la fiscal.

La felicitación del día se la ha llevado Paco, el auxiliar del tribunal responsable de la videoconferencia con el Canadá. Después de los problemas con los traductores, el hecho de que la conferencia se pudiera realizar sin problemas -a pesar de las interferencias similares a una lavadora en constante actividad- ha sido motivo de alegría para el presidente de la sala. Nadie ha preguntado sobre el mensaje que ha aparecido unos instantes en pantalla: "El tiempo de juego supera 80 minutos".