Día clave y polémico. La Audiencia Nacional será el centro de todas las miradas este lunes con la reanudación del juicio a la familia Pujol Ferrusola, acusados de corrupción por los millones escondidos en Andorra hasta 2014. El tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, debe decidir si exime o no del juicio al president Jordi Pujol, de 95 años, al cual ha hecho viajar hasta Madrid (más lejos aún, a la sede de San Fernando de Henares), a pesar de que su defensa y forenses catalanes lo desaconsejan; además de alertar que no tiene plenas condiciones cognitivas para defenderse. Media hora antes del juicio, a las nueve y media de la mañana, Jordi Pujol debe ser nuevamente examinado por un médico forense asignado a la Audiencia Nacional, el cual debe informar si tiene las capacidades plenas y, después, el tribunal debe resolver si lo sienta en el banquillo de los acusados o no. Por ahora, la defensa del president Pujol —coordinada por el penalista Cristóbal Martell— no ha presentado ningún recurso contra la orden del tribunal. Estará atenta a su estado de salud y si el domingo puede viajar hacia la capital española, según fuentes de la defensa.

El tribunal había programado para esta semana, con sesiones de lunes a miércoles, la declaración de los 18 acusados: el president Pujol, sus siete hijos, la exmujer del primogénito, Mercè Gironès, y nueve empresarios. El escrito de acusación de la Fiscalía, que es el guion que se sigue, lo encabeza el president Pujol y le sigue su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, cuyos negocios han centrado buena parte de la treintena de sesiones de la vista, que comenzó el 24 de noviembre. Todos los acusados tienen derecho a no declarar o a hacerlo parcialmente y contestar a las preguntas de sus abogados, como seguramente se hará en este juicio.

¿Qué preguntarían al president Pujol?

Si de forma excepcional, el tribunal decide que el president Pujol es apto para declarar como acusado de un delito de blanqueo y uno de asociación ilícita, para el cual la Fiscalía pide 9 años de prisión, ¿qué le preguntarían?

Tal como ha transcurrido el juicio, no hay ninguna prueba ni testigo que señale a Jordi Pujol i Soley de haber usado su cargo como president de la Generalitat, desde 1980 a 2003, para pedir comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, y así enriquecer a su familia y llevar el dinero a Andorra. Por tanto, ni el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, ni el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, no pueden confrontarle nada, ni requerirle explicaciones.

El president Pujol confesó, en 2014,  —forzado por el pantallazo de El Mundo— que los hijos y su mujer tenían dinero en el extranjero. Decía que era dinero que su padre, Florenci, tenía fuera y que dejó a sus siete hijos y a su mujer, Marta Ferrusola, que precisamente fue eximida de responsabilidades penales por parte del juez instructor al desarrollársele un Alzheimer y que murió en 2024.

El origen del dinero, sin aclarar

En el juicio, agentes de la policía española que han investigado a los Pujol, a preguntas del abogado defensor Pau Ferrer, admitieron que “no habían investigado el origen” del dinero que los hijos de Pujol tenían en Andorra, sino sus movimientos bancarios. Por lo tanto, los investigadores no han probado que los millones escondidos a Hacienda en el Principado tuvieran un origen ilícito, como sostienen las acusaciones.

Las defensas detallan que en las cuentas en Andorra “no se habían producido nuevas entradas desde el año 2004” y que cuando son descubiertos, en julio de 2014, “es un momento en el que abrumadoramente se han superado los plazos prescriptivos penal y administrativo ordinario”.

En una de las primeras sesiones, el abogado Pau Ferrer también aportó un libro del caso Banca Catalana y un número del Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre los fondos de Florenci Pujol Brugat, en Suiza, para probar que la fortuna oculta en Andorra procede de un legado familiar.

La defensa insiste en que el dinero de Andorra es del legado que les dejó el padre de Pujol, a su mujer y los siete hijos, Florenci Pujol Brugat, fallecido el 30 de septiembre de 1980. Se define como un gran emprendedor, al obtener la titularidad de los Laboratorios Martín Cuatrecasas (después, Laboratorios Fides) y adquirir la Banca Dorca, que al final sería Banca Catalana. Pujol Brurgat hizo fortuna con el intercambio de divisas. 

Sin citar ninguna acción de la mayoría de los hijos

La defensa indica que cada uno de los siete hijos y su madre recibieron unos 800.000 euros en cuentas particulares en Andorra. Precisamente, gestores de la Banca Reig (Andbank), donde estaba primero el dinero, aseguraron que los Pujol Ferrusola abrieron de “forma individual” sus cuentas y hacían una “gestión separada”, afirmación que desmonta la acusación de asociación ilícita, que Anticorrupción mantiene contra la familia, además del delito de blanqueo de capitales.

Además, durante el juicio no han salido citados los nombres de Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola como autores de una acción concreta. Solo por gestores bancarios, que confirmaron que llevaban las cuentas de forma separada. Además, una responsable de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde llevaron el dinero hasta regularizarlos (por eso no son acusados del delito contra Hacienda, como su hermano mayor), aclaró que se les propuso poner sus cuentas a nombre de una fundación (diferente para cada uno) para mantener con discreción su nombre, como pidió Jordi Pujol Ferrusola. “No ocultaban a los beneficiarios”, ratificó.

En cuanto a Oriol Pujol, el único que se dedicó a la política (fue secretario general de Convergència hasta marzo de 2013), su abogado Francesc Sànchez preguntó a los policías y a los banqueros que certificaran que el año 2009 y ante su dedicación política “renunció a los fondos que tenía en Andbank” y el dinero fue traspasado a la cuenta de su hermano Jordi. Todo fue confirmado. Sin embargo, Anticorrupción pide la misma pena de prisión para Oriol y sus hermanos Marta, Mireia, Pere y Oleguer: 8 años de prisión (3 años por asociación ilícita y 4 años por blanqueo de capitales).

El manuscrito de Pujol y el mosén

En la primera comparecencia de Jordi Pujol Soley a puerta cerrada, el fiscal Fernando Bermejo le preguntó si reconocería un manuscrito, según fuentes judiciales. Un hecho también aclarado en el juicio.

En una sesión, el primer gestor bancario de los Pujol en Andorra, Josep Pallerola, ratificó la versión de la defensa. Aseguró que el president Jordi Pujol no era el titular de la cuenta en la Banca Reig que se abrió el año 2000 con unos 307 millones de pesetas (1,8 millones de euros), sino su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. Pallerola, que gestionó las cuentas de la familia hasta el 2001, explicó que el primogénito de Pujol se estaba separando de su mujer, Mercè Gironès, y que, como ella sabía que tenía más activos y se los reclamaba, ideó una manera para escaparse.

Pujol Júnior le aportó en 2001 un manuscrito del president Pujol en el cual aseguraba que la cuenta 63.810, con los 307 millones, era suya y, si moría, el dinero pasara a su mujer Marta Ferrusola, fallecida en 2024. Pallerola, que explicó que la familia le llamaba “mossèn” porque se le parecía, confesó que le “sorprendió mucho” el escrito del president Pujol para ayudar a su hijo, y que no tuviera que pagar la mitad del dinero a su mujer. 

Hacienda cifró en 885.651 euros el fraude fiscal del president Pujol por los fondos de esta cuenta, que fue vaciada mediante reintegros en efectivo, pero finalmente lo consideró prescrito. Así que es un tema cerrado.

Los interrogatorios

En la lista de acusados de la Fiscalía, después del president Pujol está su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para el cual la Fiscalía pide la pena más alta: 29 años de prisión. Seguramente, solo responderá a las preguntas de su defensa y del resto de acusados. Para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el hijo mayor ocultó su actividad en las mercantiles Iniciatives Marketing Inversions, Project Marketing CAT y Active Translation.

Su abogado, Cristóbal Martell ha interrogado con intensidad a empresarios e inversores, la mayoría de los cuales han confirmado que pagaron a Jordi Pujol Ferrusola por la valiosa información que les dio para cerrar negocios. Todo el mundo ha visto que el juicio se ha centrado en Pujol Júnior y los nueve empresarios que hicieron negocios con él o recibieron préstamos. Martell también ha evidenciado que, de los cinco delitos fiscales imputados a Pujol Júnior hasta el 2012, los ejercicios  2007 y 2008 están prescritos y el del 2008 incluso con sanciones pagadas a Hacienda.

Después de Pujol Júnior, en la lista está su exesposa Mercè Gironès, a quien la Fiscalía pide la segunda pena más alta: 17 años de prisión.  Su abogado, Oriol Rusca, ha centrado su defensa en exponer que su nombre sale en las empresas porque era la esposa de Pujol Júnior, pero que no gestionaba nada. Su hija declaró ante el tribunal que su madre la cuidaba a ella y a su hermano, y que la separación fue dolorosa.

Después de Gironès, Josep Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía pide 14 años de prisión. Su abogado, Jaime Campaner, protagonizó un duro interrogatorio a inspectores de Hacienda que auxiliaron al juzgado, en una de las últimas sesiones. El reproche principal es que se acusa a Josep de un delito contra Hacienda a pesar de haber regularizado unos 800.000 euros del ejercicio 2010, tal como permite la ley Montoro (Ley 7/2012), y pagó la correspondiente cuota a Hacienda. En la lista de acusados siguen a Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer.

Después tocará el turno de la declaración de los empresarios juzgados. Por orden de la lista del fiscal son: el andorrano Francesc Ribes, defendido por Fermín Morales, y acusado de ser testaferro del hijo mayor de Pujol; Bernando Dominguez Cerecedes, defendido por Luis Jornada y acusado también de hacer préstamos “falsos” a Pujol Júnior; José Barrigon, de la empresa Cat Helicòpters y socio de Pujol Júnior, defendido por José A. Choclán; los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola, socios de también de Pujol Júnior en la adjudicación de los vertederos de Tivissa y Cruïlles, defendidos por Carles Monguilod y José María Fuster-Fabra; el empresario dedicado a invertir en hoteles, Alejandro Guerrero Kandler, defendido por Ana Bernaola; El empresario del grupo Isolux, Luis Delso Heras, defendido por los penalistas Óscar Morales y José A. Choclán. El exvicepresidente de Comsa-Emte, Carles Sumarroca Claverol, defendido por Diego Artacho, y el exjefe de Copisa, Josep Cornado, defendido por Jorge Ayo.

La Fiscalía pide para cada uno 5 años de prisión (3 años por blanqueo de capitales y 2 años por falsificación de documento mercantil), mientras sus abogados se han esforzado en demostrar que los negocios que hicieron con Jordi Pujol Ferrusola fueron legales y reales.

En estas cerca de 30 sesiones también se ha escuchado cómo responsables policiales del Gobierno del PP han admitido parcialmente haber ido a Andorra para reclamar información de los Pujol y de políticos catalanes a la BPA. Dos de sus máximos responsables, Higini Cierco y el exCEO del banco cerrado, Joan Pau Miquel, relataron las presiones padecidas y protagonizadas por la policia patriotica del PP.