Recta final. La Audiencia Nacional reanuda este lunes el juicio contra los siete hijos del president Jordi Pujol, la exmujer del hijo mayor y nueve empresarios. En principio, son las últimas cuatro sesiones del juicio por la herencia oculta en Andorra por parte de la familia Pujol Ferrusola. Hace dos semanas, el tribunal apartó del juicio al president Pujol al comprobar en persona —haciéndole viajar a Madrid— que su estado de salud no le permite defenderse. La vista comenzará con el interrogatorio pendiente de cuatro empresarios acusados por haber hecho pagos millonarios a Jordi Pujol Ferrusola, de los cuales la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sostienen que “son falsos” y que eran comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas del Govern de Pujol. En ninguna sesión se ha demostrado esta contrapartida con una obra pública concreta.
Son empresarios de renombre, especialmente las empresas que representaban, que no están imputadas en esta causa. Son: Alejandro Guerrero Kandler, inversor en hoteles; Luis Delso Heras, del grupo Isolux; Carles Sumarroca Claverol, exvicepresidente de Emte, y Josep Cornadó Mateu, presidente de Copisa hasta el 2012. Hay una veintena de operaciones sospechosas, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción.
Operaciones bajo sospecha
La Fiscalía sostiene que existen “múltiples casos de transferencias o pagos multimillonarios a los Pujol Ferrusola, a través de Jordi Pujol Ferrusola, sin ninguna justificación y sin móvil económico racional”. Por ejemplo, cuestiona la operación Azul Cortés, que supuso para el primogénito de los Pujol el ingreso de 11.459.103 euros por cuenta de Isolux. En esta operación, también obtuvo beneficios multiplicados por seis Luis Delso al vender la operación inmobiliaria a su grupo. En sesiones anteriores del juicio, integrantes de la empresa y socios de la operación inmobiliaria a la vez la validaron y negaron que hubiera conflicto de intereses, como les requirió el abogado del Estado.
También se describen pagos cuestionados de Emte, empresa de la familia Sumarroca. El padre, Carles Sumarroca Coixet, uno de los fundadores de Convergència, estuvo inicialmente imputado en la causa de los Pujol. Se indica que Emte (fusionada con Corsan) pagó unos 154.048 euros a una de las empresas de Pujol Júnior (Projecte Màrqueting Cat) en 2008 y 2009, “supuestamente” por negocios en México.
Además, se detallan pagos de Copisa Projectes i Manteniments Industrials a una empresa de Jordi Pujol Ferrusola que suman 611.794 euros por asesoramientos en relación con una refinería de Cartagena (Múrcia), a pesar de que es negada por la titular de este negocio, Técnicas Reunidas SA, según la Fiscalía.
De Copisa Constructora Pirinenca, se apunta que hizo dos pagos de 69.600 € en septiembre y noviembre de 2009 a Jordi Pujol Ferrusola por su trabajo de intermediación en venta de plantas solares. No obstante, la Fiscalía sostiene que “una vez más la intermediación es negada absolutamente por los propietarios de la sociedad vendedora, que identificaron, de hecho, a la persona que sí que intervino en la operación como intermediario”.
¿Se modificarán las peticiones de prisión?
Una vez finalicen las declaraciones de los cuatro investigados que quedan, el fiscal Fernando Bermejo y el abogado del Estado José Ignacio Ocio deberán informar al tribunal si mantienen o modifican las penas solicitadas para los diecisiete acusados.
Inicialmente, el fiscal pide 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos fiscales, falsedad documental y frustración de ejecución. El Estado rebaja la petición de castigo a 25 años de prisión para el hijo mayor de Pujol porque no le acusa de asociación ilícita. Por el contrario, el castigo pedido para Mercè Gironès es compartido: 17 años de prisión. En cuanto a Josep Pujol Ferrusola, el fiscal le pide 14 años de prisión, que el Estado rebaja a cerca de cinco años. Para el resto de hermanos (Marta, Mireia, Pere, Oriol y Oleguer), el fiscal pide a cada uno 8 años de prisión, mientras que el Estado —que persigue los delitos fiscales— no les acusa porque ya regularizaron el dinero que tenían en Andorra entre los años 2012 y 2014.
Los nueve empresarios afrontan cada uno 5 años de prisión por los delitos de blanqueo y de falsificación documental, petición de pena que la Abogacía del Estado rebaja a dos años de prisión.
Al final, los acusados tendrán que volver a la sala de vistas para comunicar si quieren ejercer o no el derecho a la última palabra, aclaró el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, en la última sesión.