El director del gabinete jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, ha negado este lunes en el juicio al procés independentista en el Tribunal Supremo cualquier gasto realizado por el Govern de Carles Puigdemont para la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017, de hecho, ha afirmado que después de revisar y analizar las actuaciones de los diferentes departamentos se ha observado que no hay "ningún perjuicio al erario público".
Así lo ha dicho Esteve, que ha comparecido ante el tribunal a petición del abogado Jordi Pina, que ejerce la defensa del exconseller de Presidència Jordi Turull. El testigo, investigado en el juzgado de instrucción 28 de Barcelona por la licitación de urnas para el 1-O, ha asegurado en varios momentos que las conselleries de la Generalitat dirigidas por los acusados en este juicio no utilizaron sus presupuestos para organizar el 1-O.
En este sentido, ha asegurado que el gabinete jurídico "ha comprobado" que la Generalitat no hizo "ningún encargo formal específico" con Unipost ―empresa en cuya nave confiscaron 45.000 tarjetas censales para el referéndum―, pues, según ha dicho, no se ha encontrado "ninguna aceptación presupuestaria", ni "ninguna factura pendiente". "Por lo tanto, ninguna afectación al presupuesto de la Generalitat", ha añadido Esteve.
Esta no ha sido la primera vez que ha hecho una afirmación como tal, ya que, acto seguido, el testigo ha apuntado que después de recibir una notificación el pasado mes de enero del Tribunal de Cuentas informando de una denuncia interpuesta por la fiscalía contra los miembros del Govern y la interventora general por la presunta malversación de fondos públicos en relación al 1-O, se hizo un "análisis de las partidas por las cuales se reclamaban responsabilidad" y que no "apareció ninguna responsabilidad contable ni perjuicio al erario público".