Este será el año de la sentencia del juicio al procés por el 1-O, pero también tiene que ser el año del juicio a la Mesa del Parlament. Cuando justo hace 24 meses que el Parlament de Catalunya aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, la Mesa del Parlament que permitió la votación sigue esperando cómo se resuelve su caso.

Ha pasado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al Tribunal Supremo, y del Supremo otra vez al TSJC. En noviembre del 2017, Pablo Llarena reclamó la causa al TSJC para unificar los procesos. Pero al final de la instrucción y ya cuando estaba a punto de abrirse el juicio oral, Manuel Marchena decidió recortar y enviar a Catalunya a los miembros de la Mesa que sólo tenían que ser juzgados por desobediencia.

Así, el mismo día que empezó el juicio en el Supremo, el 12 de febrero, el TSJC recibió la causa de los demás procesados: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó, Joan Josep Nuet, y con ellos, la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

Con todas las declaraciones tomadas, e incluso hecho el escrito de acusación de la fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia designó la sala que los tiene que juzgar y empezó los trámites finales para el juicio. Jesús María Barrientos, Mercedes Armas y Carlos Ramos encaran el tramo final y están ahora mismo esperando la respuesta de las defensas con respecto a la fase de prueba. Esperan que los abogados reafirmen los testigos que ya tenían pedidos o bien hagan algún cambio.

Después de esta respuesta de los abogados, ya quedará todo a punto para abrir juicio oral. Estamos, por lo tanto, ante el último trámite del proceso contra los miembros de la Mesa. Último trámite porque los escritos de defensa donde los abogados piden la absolución de los seis procesados han entrado justo ahora, en septiembre.

Escritos de defensa

Anna Simó, exsecretaria primera de la Mesa del Parlament, argumenta en su escrito de defensa ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que siempre actuó de acuerdo con el reglamento de la cámara catalana y no se puede pretender que la Mesa funcione como un "filtro de legalidad o constitucionalidad de las iniciativas" que los grupos presentan, ya que eso supondría una "intervención de censura".

Después de criticar la "coordinación" del Tribunal Constitucional (TC) y del gobierno del Estado con el fin de "criminalizar" la actividad parlamentaria catalana, la defensa de Simó argumenta que son los grupos parlamentarios los que son "protagonistas de toda la actividad parlamentaria", mientras que la Mesa "dirige técnicamente" la misma. "Son los grupos los que definen qué se debate, cuándo y cómo", concluye.

Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó argumentan en sus escritos de defensa ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que cumplieron en todo momento con lo que prevé el reglamento del Parlament como miembros de la Mesa de la cámara, y actuaron siempre para preservar el debate político. Insisten en que los miembros de la Mesa se limitan a admitir a trámite las iniciativas políticas, pero son ajenos al contenido de las mismas.

Las funciones de la Mesa, remarcan, "no pueden seguir criterios de discrecionalidad, opinión u oportunidad, sino que se tienen que ejercer de manera reglada y de acuerdo con el reglamento del Parlament".

Corominas, Barrufet y Guinó reclaman los testimonios de Antoni Bayona, letrado mayor del Parlament en aquella época; Xavier Muro, secretario general de la cámara en aquellos momentos; Ernest Benach y Núria de Gispert, expresidentes del Parlament; Pere Sol, letrado y exsecretario general, y Joan Vintró, exletrado y miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional.​