Los acusados del caso ADIGSA, de corrupción urbanística, están llegando a un acuerdo que podría dejar en nada el juicio por el caso 3% que destapó Pasqual Maragall cuando era presidente de la Generalitat.

De momento el juicio, que tenía que empezar hoy, ha quedado suspendido porque el Tribunal se ha olvidado en citar a uno de los responsables civiles subsidiarios. El otro responsable civil, ni tan sólo se ha presentado y la vista ha quedado aplazada hasta el 16 de mayo.

Hace 9 años que se investigan los hechos que en un primer momento tuvieron como imputado al ex presidente de ADIGSA, ahora Secretario General de Territorio y Sostenibilidad, Ferran Falcó, que finalmente quedó fuera de la causa.

Ahora las partes negocian con la Fiscalía una rebaja de las penas que ahora son de hasta 10 años de prisión y 20 de inhabilitación. Sólo hay uno de los acusados que no quiere llegar a ningún pacto. Es el constructor José Antonio Salguero, que admitió haber hinchado facturas para conseguir las adjudicaciones de las obras de pisos. Salguero se considera perjudicado, víctima, y por eso no quiere llegar a ningún acuerdo.

Lo que no está claro es si no llegan todos al pacto, el juicio queda suspendido para todos o sólo para los que lleguen al acuerdo. El abogado de Salguero mantiene que si él va a juicio, el resto, también. Pero el tribunal puede decidir en sentencia sobre el acuerdo al que han llegado o bien resolver en las cuestiones prevías.

Entre los acusados hay varios cargos del Gobierno de Jordi Pujol que se sentarán en el banquillo de los acusados por el presunto fraude cometido en el 2003 con la gestión de planes de vivienda para jóvenes promovidos por Adigsa, empresa pública de la Generalitat para la promoción de viviendas sociales.

La Fiscalía pide diez años de prisión para lo que era conseller delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco años para el supuesto falso técnico Jose María Penin, ambos militantes de CDC, que será juzgado junto con cinco acusados en la Audiencia de Barcelona.

¿De qué se les acusa?

Según la Fiscalía, Fontdevila impuso en la estructura de Adigsa la "extraña intervención" de Penin como supuesto técnico externo para decidir la adjudicación a empresarios de obras de rehabilitación en los pisos destinados a vivienda joven: las adjudicaciones se hacían a medida y se dilapidaban fondos públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.

Los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo para el plan joven de vivienda, encabezado por Penin y secundado por Sala y el jefe del área técnica de Adigsa, Jordi Huguet, con la cual supuestamente adjudicaban en dedo las obras a los empresarios acusados: Jose Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan apenas de año y medio a cinco años de prisión.

Penen, con el aval de Fontdevila, le encargaba de forma informal y con expedientes a medida las obras de rehabilitación a estos empresarios sin que importara mucho si se hacían bien y que, según una auditoría de Adigsa de 2005, tenían un sobrecoste medio de un 15%.

El fraude tenía otro frente: Fontdevila, supuestamente, ordenó "caprichosamente e injustificadamente" pagar a Penen entre 3.000 y 4.000 euros por tasaciones que nunca existieron y se disimularon con facturas falsas, todo eso con el conocimiento del encargado de Adigsa Xavier Sala, que se enfrenta a nueve años y medio de prisión.

Penin cobró de esta manera 28.895 euros por trabajos que no hizo y, además, no tenía ni conocimientos ni formación académica necesaria para una tarea para la cual Adigsa ya disponía de técnicos internos formados y con estas funciones.

El pretendido 'plan joven'

Se trataba de viviendas que Adigsa compraba de segunda mano con la finalidad de destinarlas al alquiler con el objetivo de solucionar la oferta de viviendas y que se publicitó como un plan joven para facilitar el alquiler de pisos para este sector de la población.

Sin embargo, el fiscal sostiene que, de los 23 expedientes del plan joven, sólo en uno se respetó el procedimiento correcto, mientras que en los otros 22 —relativos a 34 viviendas— la tramitación de los expedientes de adjudicación de obras "fue intencionadamente arreglada en favor de un sistema de contratación paralelo".

Básicamente, lo que hacían era hacer facturas con importes superiores al coste de las obras llevadas a cabo "con que el adjudicatario se enriquecía en perjuicio del erario", y después se aceleraba el pago de manera extraordinaria en favor de los empresarios acusados.

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