El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón (País Valencià) ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra quien fue presidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, hay indicios que señalan que Fabra escondió el patrimonio del que contaba con el fin de evitar que la Justicia y la Administración Tributaria ejecutara su condena por delitos fiscales, para percibir sobornos y blanquear dinero.

Más causas contra la familia de Fabra

El instructor también lleva la causa contra la mujer del expresidente, María Desamparados F.B., así como dos de sus hijos, un yerno, cinco empresarios y cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. Por el contrario, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados más y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once.

El auto da por concluida la fase de instrucción y emplaza en la Fiscalía y las otras acusaciones al hecho de que soliciten en el plazo de 10 días la apertura de juicio oral, el archivo de procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

Un plan para esconder los bienes patrimoniales

El comunicado también revela que el magistrado-juez de Adscripción Territorial que ejerce como sustituto en el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón ha relatado en la resolución que Fabra y su mujer, "urdieron y llevaron a la práctica un plan para ocultar la mayor parte de sus ingresos y bienes patrimoniales".

El objetivo era evitar un eventual embargo judicial por los casi 920.000 euros que Fabra debe, todavía a día de hoy, a la Agencia Tributaria a raíz de una condena por delitos fiscales.

Un plan para la ejecución del cual contaron con "con el auxilio" de sus hijos Borja y Claudia F.B. y del marido de esta, Fernando C.I., según declara el TSJ.

Unos ingresos de más de 2,7 millones de euros

El juez ha alegado que la "situación de aparente penuria económica" que exhibía el investigado no concuerda con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas titulados a su nombre por importe de casi 2,7 millones de euros.

En la misma línea, también resulta contradictorio el hecho de "haber mantenido una intensa actividad bancaria organizada por él, con unos abonos bancarios brutos superiores a los 26 millones de euros a través de diversas operativas continuadas en el tiempo, no aplicados finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración".

Transferencias de fondo camufladas

Y no solo eso, también se habla de operaciones como las entregas de dinero por parte de algunos encausados en estas diligencias hacia Fabra, entre ellos el presidente del Villarreal Club de Futbol SAD, Fernando R.A., o el administrador de Facsa, Enrique G.E.

Presuntamente, las transferencias de fondo se habían camuflado en algunos casos como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, a pesar de ser realizadas a petición de Fabra "en consideración a su persona, para ser o haber sido presidente de la Diputación Provincial de Castellón y, en cualquier caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia", señala el auto.

Delito de frustración de la ejecución

El juez atribuye indiciariamente al político, a su mujer, sus dos hijos, su yerno y los empresarios Alejandro L.H., Miguel P.F., Fernando R.A. y Fernando R.N. un delito de frustración de la ejecución, el primero en concepto de autor y los otros como cooperadores necesarios.

Delito de soborno y blanqueo

También se hace referencia a unos indicios de la comisión de un delito continuado de soborno contra el mismo Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, "si bien puntuales y no continuados", en la actuación de Fernando R.A., Fernando R.N., Miguel P.F. y Enrique G.E.

Por último, se cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales con relación al expresidente, como autor, y con respecto a sedes cuatro familiares y Alejandro L.H. como cooperadores necesarios, según concluye el documento.

 

 

Imagen principal, Carlos Fabra / EFE