El jurista Josep Costa ha asegurado que la decisión del juez Pablo Llarena de poner en marcha la acusación de malversación agravada tendrá importants consecuencias, que afectarán prácticamente a todos los dirigentes independentistas. Costa también ha apuntado que con su jugada el juez hace un regalo al PP, y se carga los acuerdos entre el PSOE y ERC sobre la malversación.

"Llarena ha vuelto a hacer de Llarena. Es decir, ha hecho política, como siempre. Comprando la derogación de la sedición le hace la campaña al PP. "El PSOE ha desarmado al Estado contra el independentismo", dirán. Neutralizando la reforma de la malversación, le hace daño al PSOE y a ERC. Admitir la derogación de la sedición no reduce la presión represiva. La derogación no beneficia a los principales condenados ya indultados, ni a los exiliados (que nunca los extraditarán por sedición), ni a otra gente pendiente de juicio (no hay). La campaña del PP es barata, pues. Manteniendo la malversación agravada neutraliza el objetivo del pacto ERC-PSOE. Ningún líder en activo (Oriol Junqueras, Jordi Turull) quedará sin inhabilitación (malversación son más años que sedición, no menos). Y seguirá desfilando gente por la cárcel, como Josep Maria Jové, Lluís Salvador y los del Juzgado 13", asegura.

Según Costa, Llarena ha jugado en clave española y ha puesto de manifiesto que las claves europeas no las entiende. "Ha retirado las euroórdenes por tercera vez y ahora no decidirá él cuándo puede volver a emitirlas si es que puede hacerlo. Dice que esperará la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), pero el tribunal podría archivar el caso", ha pronosticado. En opinión del exvicepresident del Parlament, las consecuencias que todo ello tiene en la política catalana son numerosas. "Las consecuencias en política catalana también son múltiples. Oriol Junqueras o Jordi Turull tendrán que esperar. Quizás también Carles Puigdemont. En cambio, Clara Ponsatí es actora antes de lo previsto. También podrían serlo personas como Josep Rull, Joaquim Forn o Carme Forcadell, que hasta ahora estaban en segunda fila", pronostica.

La reforma del Código Penal, impulsada por ERC, el PSOE y Podemos, que ha entrado en vigor este jueves, no beneficia al presidente Carles Puigdemont ni a los consellers en el exilio, y menos a los manifestantes anónimos, en opinión de algunos juristas. Y es que el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa contra los independentistas catalanes, en la actualización de su procesamiento ha retirado el delito de sedición, desde hoy derogado, pero imputa a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig el delito de malversación (art.432 del Código Penal), que implica hasta 8 años de prisión de forma agravada, ya que sostiene que no se les puede aplicar la malversación atenuada (art.432 bis) introducida en esta reforma, y que castiga con hasta 4 años de prisión la malversación que no implica un lucro personal. Hay juristas que han calificado la interpretación del juez del Tribunal Supremo "de inverosímil".