La jueza que instruye la causa penal de la DANA ha acordado que declaren como testigos los altos cargos de Presidencia de Carlos Mazón, además del portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, según una nueva resolución comunicada este miércoles. Son: el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca; el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, y Francisco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional. Los cuatro mantuvieron llamadas el 29 de octubre de 2024, en pleno temporal, con el presidente valenciano. Mazón dimitió el lunes, en cumplirse un año de la catástrofe, con 229 muertes, y estará en funciones hasta que el PP pacte con VOX un substituto o se vea obligado a convocar a elecciones.
La jueza de Catarroja también ha acordado que declare el dueño de El Ventorro, tras la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, quien manifestó que el restaurador “es la única persona que entraba y salía de la sala” del restaurante. La jueza expone la “posibilidad de que esta persona pudiera haber escuchado alguna conversación” entre Mazón y la entonces consellera Salomé Pradas, que, por ahora, es la única investiga del equipo de Mazón.
Petición de las acusaciones
La magistrada que instruye la causa penal de la DANA ha acordado estas nuevas declaraciones, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciutadans. Además de Pérez Llorca, ha citado el núcleo más cercano a Mazón en el Palau: el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, y el asesor del jefe del Consell, Josep Lanuza.
La magistrada enmarca estas declaraciones en el hecho de que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación" que se siguió en esa reunión, según informa Europa Press.
También considera que son pertinentes las destinadas "a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran" y las destinadas "a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados".
Asimismo, cita al dueño del restaurante de València donde comió el presidente de la Generalitat en funciones con Vilaplana, tras la declaración de esta última como testigo en el juzgado esta misma semana, en la que manifestó que el propietario de El Ventorro es la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban.