La jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez ha denunciado que la trama Leire Díez contactó con narcos para boicotearla, en un escrito presentado ante la Audiencia Nacional este miércoles. Es por ello que la titular del juzgado de instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma, ha pedido al juez Santiago Pedraz que la reconozca formalmente como perjudicada y le permita ejercer de acusación particular en el llamado caso Leire Díez. En términos generales, sostiene que existen indicios de que los investigados intentaron conseguir información para desacreditarla tanto pública como personalmente mientras estaba al frente de las indagaciones.
En el documento, la magistrada que dirigió la causa penal contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, asegura que la trama encabezada por Díez y por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán mantuvo contactos con personas vinculadas al narcotráfico. El objetivo de estas maniobras habría sido apartarla de la instrucción e, incluso, destruir el procedimiento. Biedma remarca que ha tenido conocimiento de la existencia de contactos con individuos relacionados con un conocido clan asentado en Badajoz para actuar contra su labor judicial. Según consta en las actuaciones, la acusación se sostiene en una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en las agendas intervenidas a la fontanera socialista, en la cual se indicaba textualmente: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".
Perjudicar a la magistrada
La jueza también recuerda que la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil la identificó expresamente como uno de los objetivos de la trama, y hace referencia a la existencia de un grupo de mensajería de WhatsApp constituido en agosto de 2024 con el título "VACACIONES Y VIAJES". En aquel grupo participaban la misma Díez; el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial en 2022; el empresario Javier Pérez Dolset; y Joaquín Parra, expresidente del Badajoz Club de Fútbol. Según los informes policiales, Parra solicitó información o contactos que pudieran perjudicar la reputación de la instructora mientras ella dirigía las indagaciones relativas a la contratación de Sánchez en la Diputación. Para la magistrada, este conjunto de maniobras podría ser constitutivo de delitos de obstrucción a la justicia, contra la integridad moral, amenazas o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa, y organización criminal. Con todo, ha reclamado que se le faciliten todas las agendas, anotaciones, documentos, cuadernos y dispositivos electrónicos intervenidos a los investigados en los que se la mencione, como también todos los atestados policiales incorporados al sumario. El titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya ha dado traslado de la solicitud de Biedma a la Fiscalía para que emita su criterio sobre su incorporación como acusación particular a la causa.
La documentación del caso detalla un doble mecanismo presuntamente diseñado para boicotear causas judiciales que pudieran comprometer a representantes del PSOE. Por un lado, la red habría buscado información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad con el fin de debilitar su credibilidad institucional. Por otro, habría intentado impulsar procedimientos internos disciplinarios dentro de la Guardia Civil para generar un entorno de intimidación entre los integrantes del cuerpo.