Novedades. La jueza ha archivado la causa abierta contra la alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), investigada por las supuestas irregularidades detectadas en el Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH), según una resolución conocida este miércoles. La jueza, que ahora está al frente del juzgado de instrucción 2 de l'Hospitalet, que instruye el caso, ha admitido la petición del fiscal anticorrupción, que el mayo pasado pidió el archivo de la investigación al considerar que Marín no cometió un delito de omisión del deber perseguir delitos cuando la advirtieron de las irregularidades en la gestión de subvenciones otorgadas al Consell Esportiu, con la implicación de dos responsables socialistas de l'Hospitalet. Marín también es presidenta de la Diputación de Barcelona, y el archivo de su causa ha sido adelantado por El Periódico y confirmada por ElNacional.cat.
En la resolución, que ha tenido acceso este diario, la jueza afirma que Marín adoptó "las medidas necesarias" para aclarar las irregularidades denunciadas en el Consell y que no lo escondió. La jueza Anna Cócera, en sustitución de la titular, afirma que “de las pruebas practicadas y analizadas, la actuación de Nuria Marín, como alcaldesa, no puede ser calificada de delito.” Y añade que va encargó la aclaración de los hechos y, por lo tanto:“No se aprecia un ánimo de ocultar los hechos por parte de Marín, ni hay ningún elemento que permita afirmar que su conducta puede ser incardinada en el delito” de omisión del deber de investigar. También descarta que haya indicios de malversación y de prevaricación por parte de la alcaldesa.
Las irregularidades
El Consell es una entidad privada sin ánimo de lucro, que tiene en la junta cargos públicos, como dos concejales de l'Hospitalet, que son los principales acusados de destinar una parte de las subvenciones recibidas a fines particulares, y que dimitieron por esta causa: el exconcejal del PSC y expresidente del Consell Cristóbal Plaza, y el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, que dimitió el mes pasado por esta investigación. Los dos, además, están ya pendientes de juicio para simular el despido del primero en el Consell Esportiu de l'Hospitalet. Actualmente, el juzgado esperaba un informe de la Intervención General sobre las subvenciones recibidas por el Consell por parte del consistorio y de la Generalitat.
Cuatro archivos más
Además de Marín, la jueza también ha archivado provisionalmente la causa contra cuatro investigados más: Montserrat Pérez, la jefa de gabinete de la alcaldesa, a quien se encargó hacer una auditoría sobre las finanzas del Consell Esportiu del Hospitalet, y la jueza no le atribuye ninguna responsabilidad; así como las técnicas del departamento de deportes del Ayuntamiento Míriam Laguna y Nuria Hernández, y el jefe de servicio de Deportes y juventud del consistorio, Laureà Fanegas,
La investigación sigue abierta para otros investigados, entre ellos el exsecretario de deportes de la Generalitat y actual secretario de Acción Exterior del Ejecutivo catalán, Gerard Figueras, en una causa en que la jueza trata de aclarar si el Consell Esportiu, cuando lo presidía el exregidor de Deportes Cristóbal Plaza, destinó algunas de las subvenciones públicas recibidas a finalidades particulares y las justificó mediante documentación falsa.
Argumentos del fiscal
El fiscal Luís García Cantón en su escrito presentado en el juzgado para solicitar el archivo de la causa a la alcaldesa Marín afirma que "no hay elementos, ni siquiera indiciarios, que permitan sostener fundadamente una acusación" por el delito de omisión del deber de perseguir delito porque "la investigada actuó sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento, y en consecuencia, sin hacer desistimiento de sus funciones que supongan un obstáculo para la investigación".
El fiscal recuerda que Jaume Graells, cuando era concejal de l'Hospitalet, expuso a la alcaldesa Marín estas irregularidades contables en el CELH, en febrero del 2020, y ella pidió explicaciones a Plaza y Alcázar, y al ver que "daban versiones contradictorias" encargó una auditoría. Marín dijo después a Graells que la auditoría se había paralizado al judicializarse el caso, mientras él lo denunció a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, que ha realizado la investigación de este caso. "Esta documentación tiene que estar y está en el juzgado y no circulando por correos electrónicos", dijo Marín a Graells, según recoge al fiscal.
El juicio a dos socialistas
La investigación del Consell Esportiu de l'Hospitalet comportará pronto el primer juicio. La fiscalía ha pedido condenar a cuatro años y medio de prisión a Alcázar y al exconcejal del PSC a Cristóbal Plaza por el despido supuestamente simulado del segundo como director del Consell. El escrito de acusación del fiscal atribuye a ambos una presunta estafa en el despido y un presunto delito contra la Seguridad Social. Este despido conforma una pieza separada de la causa de presunta corrupción del Consell Esportiu, y el Ayuntamiento, personado como acusación en la causa, no ha presentado acusación en esta pieza.
El fiscal sostiene que Alcázar y Plaza se pusieron de acuerdo para fingir el despido a fin de que Plaza consiguiera un beneficio económico, para lo que en diciembre de 2016 Alcázar le envió una carta de despido argumentándolo con la bajada de ingresos del Consell. Dos semanas después firmaron el acuerdo de despido en el que se pactaba una indemnización de 47.147,62 euros para Plaza, y el fiscal afirma que tanto el acuerdo de despido como el pago de la indemnización se hicieron a espaldas del ayuntamiento y del Consell Esportiu "con la intención de mantener una situación de normalidad".