Arran de las últimas informaciones sobre la investigación del caso del Consell Esportiu de l'Hospitalet de Llobregat, el primer secretario de la Federación del PSC de L'Hospitalet y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, ha dimitido. Alcázar ha dejado el acta de regidor del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y, por lo tanto, renuncia también a las competencias que tenía como segundo teniente de alcalde de Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. De la misma manera, ha renunciado al cargo de primer secretario de la Federación del PSC de l'Hospitalet de Llobregat, tal como asegura al partido en un comunicado. "Alcázar ha tomado esta decisión personal para concentrarse en su defensa, reitera su inocencia e insiste en su determinación para seguir colaborando con la justicia para aclarar los hechos que se investigan. Con todo, considera que tiene que dar este paso para desvanecer cualquier duda sobre su gestión en el Consell Esportiu y en el Consistorio y en favor de su partido, el PSC," indica el escrito.
Se enfrenta a 4 años y medio de prisión
La fiscalía ha pedido condenar a cuatro años y medio de prisión a Alcázar y al exconcejal del PSC Cristóbal Plaza por el despido supuestamente simulado del segundo como directivo del Consell Esportiu de L'Hospitalet. El escrito de acusación del fiscal atribuye a ambos una presunta estafa en el despido y un presunto delito contra la Seguridad Social. Este despido conforma una pieza separada de la causa de presunta corrupción del Consell Esportiu, y el Ayuntamiento, personado como acusación en la causa, no ha presentado acusación para esta pieza. El fiscal sostiene que Alcázar y Plaza se pusieron de acuerdo para fingir el despido a fin de que Plaza consiguiera un beneficio económico, para lo que en diciembre de 2016 Alcázar le envió una carta de despido argumentándolo con la bajada de ingresos del Consell. Dos semanas después firmaron el acuerdo de despido, en que se pactaba una indemnización de 47.147,62 euros para Plaza, y el fiscal afirma que tanto el acuerdo de despido como el pago de la indemnización se hicieron a espaldas del ayuntamiento y del Consell Esportiu "con la intención de mantener una situación de normalidad".
La acusación pública asegura que "la realidad era radicalmente opuesta" a lo que documentaron los acusados y asegura que no había causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justificaran el despido, porque la situación económica del Consell no era negativa si no que tenía una previsión positiva para el año siguiente y contaba con el aumento anual en las subvenciones municipales.