El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha notificado este lunes un auto en el que inadmite la querella interpuesta por el expresidente del Barça Sandro Rosell contra José Manuel Villarejo y otros miembros de la policía patriótica del PP. El juez también rechaza la petición del directivo de personarse como acusación particular en la causa conocida como caso Tándem, ni en ninguna de sus piezas separadas en las que se investigan las contrataciones privadas al comisario jubilado para prestar diversos servicios a través del Grupo Zenyt.  El abogado de Rosell, Pau Molins, analizará ahora la resolución para decidir si presenta recurso.

En el auto, el titular del juzgado central de instrucción  6 de la Audiencia Nacional explica que las actuaciones que se relatan en la querella presentada por Rosell contra Villarejo y otros mandos policiales “no cumplen los presupuestos legalmente previstos para reconocerle la condición de perjudicado directo por los hechos porque no se aprecia ningún indicio que justifique la conexión entre los hechos narrados en la querella y las investigaciones abiertas a Villlarejo”.

La policia patriòtica y Sánchez-Camacho

La querella del expresidente del Barça, Sandro Rosell, iba dirigida contra el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y un agente del FBI para esclarecer si la causa que le mantuvo en prisión provisional casi dos años fue fruto de un montaje policial en el marco de la llamada Operación Cataluña. También  se dirigía contra los inspectores Antonio Giménez Raso y Alberto Estévez. El empresario no se dirige contra la exlíder del PP catalán y actual senadora Alicia Sánchez-Camacho, pero considera que hay indicios que permitirían investigarla.

Rosell  recuerda en la querella que fue investigado en este tribunal y posteriormente absuelto de blanqueo de capitales, solicitaba investigar Villarejo y los policias por los delitos de organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación y detención ilegal.

No obstante, el magistrado señala que, “sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito, ello es diferente de que tales hechos deban ser investigados en el marco de las presentes Diligèncias Prèvias 96/ 2017”. Garcia Castellón añade que en la querella no se consigna en qué modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa que se sigue contra José Manuel Villarejo, en la que se investiga un mismo patrón de conducta delictiva y que se basa en la contratación privada del excomisario, a través del Grupo Zenyt, para prestar servicios que no podía realizar dada su situación de policía en activo. El instructor considera que del relato de la querella no se desprende la intervención directa de Villarejo en esas actuaciones, “sino que se alude a otros sujetos y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”.

Además, el magistrado argumenta que no se justifica la competencia de su juzgado para conocer de los presuntos hechos ilícitos, en tanto que "resulta difusa" la vinculación entre los hechos narrados en la querella y los que son objeto de instrucción en esta macrocausa, “tanto en relación con la pieza principal como a propósito de las piezas separadas”. La querella, según el juez, no aporta ningún tipo de información a propósito de la existencia de un encargo específico a José Manuel Villarejo, tratándose de una dinámica completamente diferente a la investigada en la causa principal.

Otras denuncias de la Operación Catalunya

El caso de Rosell es un nuevo portazo judicial para investigar los daños de la Operación Catalunya.  La Audiencia Nacional ya le prohibió a la familia Pujol Ferrusola aclarar las investigaciones falsas. Ahora, la Fiscalia del Tribunal Supremo tiene sobre la mesa las denuncias del conseller d’Economia, Jaume Giró, y de un ex cargo de la policia espanyola, Narciso Ortega, contra Villarejo y la diputada del PP Alicia-Sanchez Camacho por hacer investigar-los il·legalment por su afinidad independentista. Junts y el Parlament también ha denunciado la diputada popular por falso testimonio en la cámara catalana.