El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena no decidirá hasta el lunes si deja en libertad a los ocho consellers y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La decisión llegará horas antes del inicio de la campaña electoral, y si decide su puesta en libertad, la salida de la prisión podría llegar en plena campaña para el 21-D.

Ahora todos los acusados menos Meritxell Borràs y Jordi Cuixart van a las listas electorales del 21-D, un hecho que demostraría que se acogen a la legitimidad de las elecciones al Parlament de Catalunya convocadas por el gobierno español.

El juez tiene que valorar, aparte del riesgo de fuga, si existe reiteración delictiva y si las circunstancias han cambiado desde que entraron en prisión.

Los consellers se han ceñido en las declaraciones a las cuestiones que notificaron en sus escritos y han acatado, de diferentes maneras y matices, el 155. Las defensas también explican que presentándose a las elecciones del 21-D, también muestran su voluntad de no hacer ninguna acción fuera de la legalidad.

Oriol Junqueras y Raül Romeva son los que se han mantenido más firmes y los que menos han claudicado, ya que no han respondido a las preguntas de la fiscal; Joaquim Forn y Meritxell Borràs han respondido a todas las partes; Carles Mundó y Dolors Bassa han respondido a algunas preguntas del fiscal, y Josep Rull ha respondido a todos menos a VOX, que hoy se ha incorporado en el caso como acusación popular.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no han tenido que responder ninguna pregunta de la Fiscalía porque directamente no les han preguntado nada. Y a VOX se han negado a contestar.

Diez acusados, dos estrategias diferentes

Los acusados han presentado estrategias de defensa diferentes, y todo pasa por el acatamiento del 155 y la renuncia a la vía unilateral.

Los consellers de ERC han ido más rápido en sus declaraciones, haciendo un alegato que no ha superado los 20 minutos por cabeza de comparecencia. En su escrito pidiendo la libertad provisional, acataban el 155 por "imperativo legal". En cambio, los del PDeCAT eran más claros en su admisión de la intervención del gobierno del Estado sobre la Generalitat.

El juez no les ha dejado aclarar los hechos, y sólo les ha dejado atestiguar sobre la situación personal, lo que ha perjudicado la defensa de los consejeros del PDeCAT. La consellera Borràs, que no se presenta a las elecciones del 21-D, es quien ha estado más tiempo declarando y quien más ha intentado entrar en la explicación de los hechos, incluso hablando de otras personas que no están investigadas, según fuentes judicilals.

Entradas en coche y calabozos de la Audiencia Nacional

Los consejeros han acudido al Supremo vestidos igual que el día que entraron en prisión, todo menos la consellera Bassa, que ha optado por otro vestuario igualmente arreglado. Todos están bien y se encuentran firmes, aunque las que están más tocadas son Bassa y Borràs, que están juntas en la cárcel de Alcalá Meco, un centro penitenciario bastante más antiguo y con menos prestaciones que el de los hombres, que están en Estremera.

Hoy tampoco hemos visto la imagen de los consellers entrando. Los consellers y los Jordis han llegado en furgonetas de la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, donde esperan su turno en los calabozos de este juzgado especial, ya que el Tribunal Supremo no tiene.

Para evitar la imagen de la entrada a pie desde la Audiencia hasta el Supremo, la policía los saca de dos en dos en otra fugoneta, más pequeña y con cristales tintados, que entra por la puerta de carruajes, la misma puerta por donde salió el coche que trasladó a Carme Forcadell a la prisión de Alcalá Meco, la antigua puerta de caballerías de este palacio, donde está ubicado el Tribunal Supremo, a escasos metros de la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, muy probablemente nadie vea hoy a los consellers y los Jordis más allá de sus abogados, que desde hace dos días, en el momento en que se conoció la citación este miércoles, se trasladaron a Madrid para preparar la comparecencia con los consellers, a través del cristal de la prisión, eso sí.

Los familiares y varios representantes de los grupos políticos esperan, una vez más, en las puertas del Tribunal Supremo la decisión del juez.

Declaración 1-D Familiares / GL