Las cargas policiales y el uso de gases lacrimógenos para disuadir las protestas en Ferraz por parte de la policía española podría tener consecuencias legales. El juez de Instrucción número 49 de Madrid ha iniciado diligencias previas contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y los mandos policiales, en relación con las cargas policiales del 6 de noviembre durante las protestas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la ley de amnistía. El magistrado ha tomado esta decisión después de la denuncia presentada por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces. El auto señala que se investigará la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte del delegado del Gobierno y los mandos policiales que ejecutaron las órdenes.
Las diligencias previas también abordan posibles delitos como disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, delito de lesiones y delito de tortura y contra la integridad moral. El documento detalla que se utilizaron gases lacrimógenos durante las cargas, resultando en varios heridos entre los manifestantes. Durante la protesta que congregó en torno a 3.800 personas, la Unidad de Intervención Policial intervino lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, extendiendo una carga por los alrededores de Ferraz. La Asociación Raíces ha denunciado públicamente el uso de la fuerza, afirmando que agentes de paisano agredieron a los manifestantes con bastones extensibles de acero, en contradicción con la normativa.
Raíces ha emitido un comunicado destacando que tienen nuevos vídeos e información adicional que darán apoyo a la acción penal, con el objetivo de "procesar" al delegado del Gobierno y los mandos policiales involucrados en lo que describen como actuaciones "brutales" contra los manifestantes.
La asociación describe "el descontento surgido en la sociedad" delante del anuncio de Pedro Sánchez que se había acordado tramitar una ley de amnistía, para justificar la legitimidad de "miles de españoles a expresar su desacuerdo... mediante concentraciones delante sedes del PSOE, por toda la geografía nacional". La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces defiende que los protestantes están amparados por los derechos de concentración, reunión y manifestación. Apuntan a la "desproporcionada actuación policial" con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud congregada en Ferraz. Asimismo, la denuncia hace alusión a un comunicado emitido por la Unión Federal de la Policía (UFP) donde exigía el cese del delegado del Gobierno de Madrid después de la actuación policial de aquellos días.