El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado este lunes a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid, que está englobado en la investigación del caso Púnica. Cifuentes declarará el 1 de octubre y Aguirre el 18 del mismo mes.

De esta manera, el juez ha hecho caso de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que a principios de agosto pidió la imputación de las dos dirigentes populares. Además, el magistrado García-Castellón también ha citado como investigados a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela, Juan José Güemes y al expresidente de Indra Javier Monzón.

Por su parte, el expresidente Ignacio González ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido, en el marco del 'caso Lezo', y después de la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad B, el juez ha decidido también citarlo a declarar el 17 de octubre.

El juez García Castellón ha convocado igualmente al exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, que declarará el 1 de octubre como Cifuentes, y al exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM) Silvano Corujo, el día 18.

Con un calendario que incluye a un total de 43 personas, el magistrado relanza así la investigación del 'caso Púnica' y, concretamente, de la pieza que indaga en sí el PP que presidió Esperanza Aguirre se financió ilegalmente a varias campañas electorales.

Cinco años de investigación

La investigación se inició en el 2014 después del hallazgo de una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica, en la cual pueden leerse unas siglas al lado de determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, una cosa que este investigado siempre ha negado.

Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregados al juzgado en los últimos meses sitúan Aguirre en reuniones clave en las cuales presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, en las cuales Aguirre presidía, a los 'populares' madrileños.

Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "varios canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en el 2007 (municipal y autonómica), 2008 (nacional) y 2011 (municipales y autonómicos). Todo eso después de analizar la contabilidad B encontrada en los 'pen drives' confiscados en el domicilio del exgerente del partido Beltrán Gutiérrez.

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