El PP madrileño y Esperanza Aguirre están bajo todos los puntos de mira de la Fiscalía por una presunta financiación ilegal. Una de las empresas implicadas en esta supuesta financiación irregular es la multinacional tecnológica Indra, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrara en su sede en abril del 2017 documentos en los cuales se detallaría cómo el PP madrileño de Esperanza Aguirre habría conseguido obtener dinero público para sus campañas electorales del 2007, 2008 y 2011.

Estos documentos han servido a los investigadores para identificar las cuentas bancarias por las que supuestamente habrían circulado hasta 687.397 euros que habrían acabado en la caja B del partido. Según consta en los documentos a los cuales ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en este tipo de delitos sospechan que el PP habría diseñado un entramado mercantil a fin de que parte del presupuesto asignado a la empresa pública ICM (Agencia de informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) llegara a sus cuentas a través de varias sociedades.

El papel de Indra

Es aquí donde entra Indra. Gracias a unas conversaciones telefónicas, se ha podido saber que de los 13,2 millones de euros que ICM pagó a Indra en calidad de trabajos subcontratados, un total de 566.397 euros acabaron a una empresa de formación, Formaselect SL. Estos cursos, sin embargo, no se llegaron a realizar nunca y la mayoría de estos fondos acabaron en el conglomerado mercantil del publicista Juan Miguel Madoz, proveedor habitual del PP. Entre el 2009 y el 2015, la principal empresa de Madoz, Swat SL, realizó trabajos declarados para el partido que sumaron un total de 375.919 euros.

Todo este entramado se habría repetido en el 2013, cuando ICM adjudicó a Indra contratos por valor de 15 millones de euros y de esta cantidad la tecnológica acabó dedicando supuestamente 121.000 euros a contratar otro contrato a Formaselect para trabajos que nunca se hicieron. La empresa de formación habría vuelto a desviar los fondos en el grupo de publicidad de Madoz, hecho que "no seguiría la lógica comercial, ya que no tiene sentido que las ventas de Formaselect procedentes de Indra se repartieran en su totalidad entre las mercantiles orbitales" del proveedor electoral del PP, apunta la UCO.

Las facturas localizadas en la sede de la tecnológica han permitido reconstruir estos movimientos y revelar las irregularidades, ya que según lo que ha admitido la empresa, nadie de Formaselect estuvo nunca en sus instalaciones y tampoco se ha encontrado ninguna prueba de que se realizaran las formaciones.

Prisa y Santander

Estos descubrimientos han llevado la Fiscalía Anticorrupción a investigar Indra y su expresidente Javier Monzón. Pero el número de afectados por este caso no se acaba aquí. Esta presunta corruptela también salpica el Grupo Plisa, de dónde Monzón es presidente no ejecutivo, y el Banco Santander, entidad matriz de la filial Openbank, de donde también ejerce de presidente no ejecutivo.

Javier Monzón acabó en Santander después de ser destituido de Indra en el 2015, a petición del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ya que el Estado es el principal accionista de Indra. Después de ser consejero independiente de la entidad bancaria pasó a ser presidente ejecutivo de su filial, Openbank. Ambos movimientos perpetrados por Ana Botín. Finalmente, Monzón acabó ocupando un lugar en el consejo de administración de Prisa, grupo que tiene a esta entidad bancaria como principal accionista. Además, hay que recordar que el Banco Santander lideró una colocación de acciones a finales del 2017, cuando El País y la Cadena Ser necesitaron recorrer a una ampliación de capital de 565 millones de euros.

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