El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha reclamado al Registro de Cooperativas de Madrid que le aporte "una copia de la hoja de registro de la cooperativa Kinema", de la que fue fundador el secretario de relaciones con la sociedad civil y movimientos sociales de Podemos, Rafael Mayoral, pese a que no está imputado en la causa sobre la supuesta caja B de ese partido.
Según avanza Voz Populi, la voluntad de revisar esos papeles parte de la declaración del excoordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, que denunció que Mayoral "parece ocupar el lugar de organizador y máximo destinatario de los fondos" bajo sospecha. Con todo, el diputado de Podemos, aunque fue uno de los fundadores de Kinema en 2006, está desvinculado de la empresa desde hace seis años.
Lo que buscaría Escalonilla sería demostrar si Mayoral obligó a Podemos a contratar a su antigua cooperativa, ya que Kinema presta a Podemos sus servicios de gestoría en la sede central, en sus delegaciones territoriales y en el Grupo Parlamentario Europeo, "sin licitación previa del servicio", según algunos indicios.
Sin relación con Kinema
El mismo Mayoral reconoció el miércoles, en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, haber fundado hace 15 años Kinema, cooperativa en la que trabajó hasta hace seis años, fecha en que la abandonó al entrar en política: "No tengo ninguna relación", explicó el parlamentario, que rechazó haber participado en los procesos de contratación de Podemos.
Sin embargo, Calvente, que es quien ha destapado el supuesto caso de corrupción, considera que Mayoral organizó los contratos y al mismo tiempo indica que Podemos contrató en 2019 a la actual gerente del partido, Rocío Val, exvicepresidenta de Kinema, a instancias también de Mayoral.
Además, Calvente habría añadido que la contratación de Kinema fue cuestionada en el partido por sus “precios excesivos por los servicios prestados al partido y al grupo parlamentario europeo de Podemos".
En este sentido, el denunciante destaca que en Podemos había una "obligación interna, no escrita pero emitida verbalmente de forma expresa y sin anclaje estatutario ni reglamentario, para que los órganos territoriales del partido contraten sus servicios de gestoría con Kinema sin permitir acudir a otras empresas más económicas en su territorio".