Ya no volverán a Catalunya. Los siete miembros de los CDR detenidos este lunes, y acusados de terrorismo, entrarán en prisión preventiva sin fianza. Así lo ha ordenado el juez de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, después de cuatro horas de declaraciones este jueves por la mañana. El magistrado ha aceptado de esta manera las medidas cautelares solicitadas por el fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha alertado que pretendían "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública". Formarían parte de una supuesta organización llamada Equipos de Respuesta Táctica. Ya han abandonado el tribunal rumbo a la cárcel de Soto del Real.

El juez instructor ha comprado los argumentos y los cargos que imputa la fiscalía: pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. También ha comprado los argumentos para la prisión provisional sin fianza, como la gravedad de las penas que comportan estos delitos, la capacidad para destruir pruebas en caso de que estuvieran en libertad, la posible reiteración delictiva o la posible "substracción a la acción de la justicia".

Además, el magistrado considera que hay indicios que forman parte de ERT (Equipos de Respuesta Táctica), que describe como "una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la República Catalana por cualquier vía, incluidas las violentas".

Según informan fuentes de la Audiencia Nacional, el juez García-Castellón mantiene la causa bajo secreto de sumario "mientras analiza la numerosa documentación incautada en esta operación judicial". El juez individualizará las acciones concretas que atribuye a cada investigado así como su función dentro de la organización en los autos de prisión.

Los siete acusados, que han declarado este jueves, han llegado hacia las siete de la mañana a la Audiencia Nacional en un vehículo de la Guardia Civil, provenientes de la comandancia del cuerpo armado en Tres Cantos (Madrid), donde han pasado las últimas tres noches. Fueron detenidos el lunes en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional. En los registros la Guardia Civil encontró substancias que consideran "precursoras" de explosivos. La Fiscalía les acusa de formar parte de un "grupo terrorista de índole secesionista catalán". Desde el lunes han estado en la comandancia de Tres Cantos, a la espera de pasar a disposición judicial, pero aplicarles la ley antiterrorista.

Habeas corpus

Según han explicado fuentes del tribunal, dos de los detenidos, que tenían abogados de oficio, han ratificado en dos ocasiones durante las últimas horas que querían mantener sus abogados. Sus familias pidieron el habeas corpus, y los dos detenidos, que declararon ante la Guardia Civil, fueron llevados ante el juez de guardia. Negaron ninguna queja sobre la detención y se reafirmaron en la intención de mantener su abogado de oficio.

La cosa se ha torcido en estas últimas horas. Según se ha filtrado, dos de ellos declararon ante la Guardia Civil que había comprado y probado explosivos. No obstante, fuentes de las defensas denuncian que "no fueron asistidos debidamente". El interrogatorio ante el juez y el del fiscal Miguel Ángel Carballo ha empezado justamente por estos dos.

Cuatro horas de declaraciones

Las declaraciones ante la Audiencia Nacional esta mañana han durado cuatro horas, de las once de la mañana a las tres de la tarde. Los que más se han alargado en su interrogatorio han sido los dos que tenían abogados de oficio, que además eran los que habían confesado ante la Guardia Civil que habrían "comprado y probado" materiales explosivos con motivo de "meter ruido" alrededor de la sentencia del 1-O.

Al ser secreta la causa, los acusados ​​han declarado uno por uno ante el juez y el fiscal Miguel Ángel Carballo acompañados sólo por sus abogados. Después de cada declaración ha tenido lugar la 'vistilla' donde la fiscalía ha pedido medidas cautelares privativas de libertad.

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