El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha pedido protección policial, después de que recibiera un falso paquete bomba, sin ninguna nota reivindicativa, en las mismas oficinas judiciales, superando todos los controles de seguridad que hay en la Ciutat de la Justicia. El magistrado, sin embargo, ha pedido que la escolta no la haga el cuerpo de los Mossos de Esquadra, sino agentes de la policía española porque no lo considera oportuno, según ha adelantado el diario El Español y ha confirmado ElNacional.cat este lunes. Actualmente, el juez investiga dos casos mediáticos: el caso Volhov y el caso Negreira. En el caso Volhov, hay una pieza sobre una supuesta trama rusa que se intenta vincular al president en el exilio Carles Puigdemont para ayudarlo en el procés de independencia, aunque fue desactivada por el mismo Govern en 2017, además de otras supuestas irregularidades relacionadas con el independentismo catalán. Recientemente, el juez declaró secreta la pieza rusa, a pesar de que no podría avanzar la investigación hasta que se resuelva su recusación presentada por el abogado del president, Gonzalo Boye.
La petición de escolta policial ha sido presentada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que la ha derivado al Ministerio del Interior, responsable del cuerpo policial español. Fuentes próximas al juez Aguirre indican que ha expuesto al presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, que, dado que actualmente está investigando la Generalitat por la supuesta injerencia rusa, no parece oportuno que sea la Policía de la Generalitat la que le escolte. Consultado por ElNacional.cat, el gabinete de prensa del órgano de gobierno de los jueces afirma que no informa sobre temas de seguridad que afectan a magistrados
Laporta y cohecho
En el caso Negreira, el juez Aguirre investiga los 7,5 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2011 y 2018 al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo. En el caso Negreira, el juez ha imputado de oficio al presidente Joan Laporta, por los pagos del primer mandato y ha añadido el delito de cohecho, contra la opinión de la Fiscalía. La Audiencia de Barcelona tiene que resolver estos dos extremos desde hace bastantes meses, con los recursos presentados por las defensas y el mismo ministerio fiscal.
Paquete hasta el juzgado
La policía catalana es quien se hizo cargo de la investigación sobre quién puede estar detrás del envío de la falsa bomba al juez Aguirre. El caso se judicializó y el titular del juzgado de instrucción 17 de Barcelona, a quien le tocó el caso por reparto, acordó el archivo provisional de las diligencias abiertas por autor desconocido, y ofició a los Mossos para que continuaran con la investigación, según informó el viernes pasado el gabinete de prensa del TSJC.
Desde la policía catalana se pidió prudencia para aclarar los hechos, aunque fuentes próximas al juez Aguirre indican que está molesto porque no ha recibido un mayor apoyo del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. El paquete sospechoso llegó hasta una de las mesas del juzgado. Se quería simular una bomba, con una estación meteorológica haciendo de temporizador y un paquete de producto alimenticio envuelto con plásticos.