Los Mossos d'Esquadra investigan el envío de un falso paquete bomba que llegó al despacho del juez Joaquín Aguirre, en Barcelona, la semana pasada. La policía catalana ha abierto una investigación para aclarar los hechos y averiguar quién envió el paquete, que quería simular una bomba, con una estación meteorológica haciendo de temporizador y un paquete de un producto alimentario envuelto en plásticos.
Fuentes próximas al juez Aguirre, titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, han confirmado a ElNacional.cat que se recibió el paquete —que fue detectado por los sistemas de seguridad del juzgado— y que no contenía ningún tipo de material explosivo ni peligroso. Las mismas fuentes lo consideran, sin embargo, una amenaza, hecho que también podría considerarse delito. Al recibir el paquete con esta falsa bomba, la investigación la ha asumido la policía catalana y la Comisaría General de Información. Por ahora, no está claro quién mandó el paquete y con qué intenciones, pero tampoco se descarta ninguna línea de investigación, ni siquiera lo que se conoce como falsa bandera; un ataque que simula ser realizado por alguna facción para cargarle algún tipo de culpa o de presión social. Las investigaciones, de momento, no han trascendido.
El paquete fue retirado por los Mossos d'Esquadra, y si bien el juez intentó hacer una nota de prensa desde el servicio oficial de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el presidente Jesús Maria Barrientos lo evitó, hasta que hoy, con una noticia publicada por El Mundo, se han conocido los hechos.
Un juez contra la amnistía
Cabe recordar que el juez Joaquín Aguirre es uno de los que, junto con el magistrado García-Castellón, busca poner trabas a la ley de amnistía que el Gobierno, por la presión de los partidos catalanes, ha aprobado y que se está tramitando en el Congreso y en el Senado. Aguirre se ha mostrado, en varias ocasiones, contrario a esta ley que, entre otras cosas, permitirá que el president Puigdemont pueda volver a Catalunya tras las elecciones del 12 de mayo.
Este juez también ha llevado otros casos, como el caso Macedonia, donde se juzgaba a narcotraficantes y Mossos d'Esquadra, pero también casos donde se investigan supuestas irregularidades contables del entorno de la antigua Convergència con fundaciones próximas. En los últimos meses, también ha sido protagonista del caso Negreira, una investigación que lleva la Guardia Civil contra el FC Barcelona y una supuesta trama de intereses con árbitros de Primera División, y también del caso Volhov, contra líderes independentistas. Este último caso es donde la justicia española está haciendo esfuerzos por relacionar a los partidos soberanistas y al independentismo de Tsunami Democràtic con el terrorismo, para torpedear la ley de amnistía. La defensa de Carles Puigdemont ha recusado al juez por sus supuestas injerencias en varios casos, siempre contra los políticos independentistas.
El entorno del juez y varios medios españoles ya han dado por hecho que esta falsa bomba, que se interpreta como una amenaza, se ha mandado desde el entorno independentista, pero por ahora la policía catalana no tiene ningún indicio que apunte hacia esta dirección. Ningún grupúsculo ha reivindicado el envío. Se está esperando que el caso avance y sea judicializado con el fin de poder efectuar más indagaciones al respecto y poder resolverlo.