El juez Francisco Miralles, del juzgado de instrucción 7 de Barcelona que investiga la actuación de la policía española en Barcelona el 1-O, considera "prematura" la petición de la Fiscalía de archivar el caso y por eso ha decidido rechazarla excepto para seis agentes.

Según adelanta eldiario.es, y ha confirmado El Nacional, el juez no tiene ninguna duda que los votantes "en múltiples casos fueron tratados con absoluta falta de consideración no sólo a su integridad física, sino a su propia dignidad", por parte de los policías y recuerda a los más de 300 heridos. Entre las víctimas hay Roger Español que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma.

En un auto a la que ha tenido acceso El Nacional, el juez no tiene ningún problema a evidenciar que son "múltiples las imágenes de personas arrastradas por el suelo de cualquier manera, el pelo o desde la mandíbula, lanzados escaleras abajo, pisados por agentes, ignorados una vez presentan heridas de consideración, sin entrar en los insultos que algunos ciudadanos denuncian haber recibido" y que hay unos 300 informes médicos que avalan las lesiones.

En su auto el juez tampoco escatima detalles de como los policías trataron a los votantes y califica de "degradante" y "humillante" hacia las personas que estaban concentradas en los colegios electorales la actuación de la policía.

El juez confirma que no se ha podido demostrar ninguna "orden concreta de actuar con especial violencia" por parte de los jefes políticas del Ministerio del Interior o de los máximos mandos operativos a sus subordinados.

La Fiscalía, por su parte, pedía el archivo del caso basándose en la sentencia del procés emitida por el Tribunal Supremo y descartaba en todo momento una "intervención global desproporcionada".

El juez insiste en la diferenciación de las dos causas ya que la del Supremo lo hizo "desde una óptica, una finalidad y unos medios de prueba totalmente diferentes" a los de las investigaciones sobre las cargas de Barcelona.

Miralles concluye que el dispositivo policial tenía como objetivo impedir el referéndum por órdenes del TSJC pero que la actuación policial que se llevó a cabo "no se ajustó de ninguna manera a lo que prevé la legislación vigente ni a los protocolos existentes en el Cuerpo Nacional de Policía ni a los estándares internacionales en la materia", cosa que el juez defiende que "merece ser investigada".