El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha decidido retirar las acusaciones de rebelión y sedición para los cargos de confianza del Gobierno que mantiene bajo investigación desde hace más de un año, según han informado El Nacional fuentes judiciales.

El juez dice que no es competente para investigar estos delitos después de haber sido más de un año investigando la rebelión y la sedición y proporcionando todos los informes de la Guardia Civil tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo.

Juan Antonio Ramírez Sunyer admite que no puede investigar la rebelión y sedición en un escrito en respuesta a uno de los abogados. De hecho llega a justificar que él ya dio parte en el Supremo que tenía aforados investigados por rebelión pero que el Tribunal Supremo desestimó asumirlos en la causa del proceso. Es el caso de Josep Mª Jové.

De hecho Ramírez Sunyer llega a admitir que no hay indicios de estas delitos entre los suyos investigados, a la vez que explica que no ha dejado de investigar la rebelión y sedición. Un despropósito judicial que ha enojado a las defensas.

En la práctica la resolución afecta al proceso de los altos cargos que se detuvieron el 20 de septiembre y los investigados a partir de las declaraciones del ex juez y ex senador de ERC Santi Vidal sobre la hacienda catalana y los datos que supuestamente se estaban utilizando de los catalanes. Son: Josep Mª Jové, Lluís Salvador, Josué Sallent, Xavier Puig, Josep Maria Salvat, Jordi Graells, Jordi Puigneró, David Franco, Pau Furriol, David Palanca, Juan Manuel Gómez, Joan Ignasi Sánchez, Rosa Maria Rodríguez, Mercè Martínez, Pep Masoliver iSanti Vidal.

Desde el principio los abogados han denunciado que el caso de que se estaba investigando en el juzgado de instrucción 13 era una causa general contra el independentismo que pretendía para el referéndum del 1 de octubre y criminalizar todos aquellos que estaban formando parte de su organización.

Desde sumario del 13 es de donde sale el informe policial sobre Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y el hipotético delito de sedición que habrían cometido los dos dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural el 20 de septiembre durante la concentración delante de el departamento de economía.

Toda la instrucción está basada en informes de la Guardia Civil y escuchas telefónicas, algunas de ellas al por mayor, y en el material que se requisó durante los cacheos del día 20. De hecho, la principal "prueba de cargo" donde el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena basa el procesamiento de parte de los acusados es el Enfocats, el documento que sale entre la documentación requisada en el despacho de Josep Mª Jové, o la ya famosa agenda Moleskine de la mano derecha de Oriol Junqueras.

Las resoluciones que ha hecho ahora el juez de instrucción 13 son graves y no tienen ningún tipo de sentido, más por el hecho que este mismo juez mantiene imputados todos los acusados por rebelión y sedición en una investigación que empezó en febrero del 2017 y cuando en julio del 2017 hizo la imputación formado por rebelión aparte de los acusados.

Todo el 20 de septiembre está basado en estos delitos así como la prueba que sirve de base en el Tribunal Supremo contra el consellers y los miembros de la Mesa que están pendientes de juicio.