La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han acusado al gobierno español de "abandono de funciones" en la causa interpuesta por los exiliados ante la justicia belga contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
A través de un comunicado, las cinco asociaciones se han mostrado "sorprendidas" con la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aseguró ayer que "el papel del Estado no es el de proteger a un juez". Las entidades han mostrado "estupor" ante el proceso judicial contra Llarena y han subrayado la inmunidad de la jurisdicción española, "que no puede ser fiscalizada" por los tribunales de un país extranjero.
Además, han considerado que la reacción de Sánchez es "incomprensible" y lamentan que considere improcedente la defensa de Llarena "bajo la excusa" que las acciones legales que se han tomado contra él en Bélgica "pueden tener causa en opiniones privadas que ni siquiera se citan".
Las cinco asociaciones concluyen que la respuesta del gobierno español evidencia "sin reservas" que lo que se quiere es "desautorizar" Llarena y "el mismo proceso en su conjunto".