Malas noticias por Juan Carlos I, que podrían suponer un nuevo revés judicial. El rey emérito estaría implicado en un procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que investiga una ampliación de capital de 1,3 millones de euros, presuntamente ficticia, que se dirige contra el exbanquero mexicano Allen Sanginés-Krause y el médico personal del monarca, Manuel Sánchez Sánchez. Dos correos electrónicos serían la prueba que vincularían a Juan Carlos I con este fraude, que se habría producido después de su renuncia al trono y, por lo tanto, no disfrutaría de inmunidad.

Según destapa este martes El Confidencial, el 3 de noviembre de 2014, Juan Carlos I se encontró en secreto con uno de sus mejores amigos, el magnate cubano del azúcar Pepe Fanjul y con el exdirectivo de Goldman Sachs Sanginés-Krause, en el Hotel Claridge de Londres. El motivo de la reunión era encargar a Sanginés-Krause el control y la gestión del dinero oculto del emérito. 48 horas más tarde se produjo el hecho que pone en una situación delicada en Juan Carlos I, y es que Fanjul envió dos correos electrónicos al examante del monarca, Corinna Larsen, donde explicó los motivos de la reunión, tal como lo revela el King Corp.

Correos comprometidos

Pepe Fanjul envió dos correos a Corinna donde se destapan las intenciones del rey emérito. El primer correo se envió el 5 de noviembre de 2014 a las 12:11 horas, en este Fanjul explicaba a Corinna, que Juan Carlos le había pedido encargarse de su patrimonio opaco. Fanjul detalla que decidió no aceptar la tarea porque tenía negocios en Estados Unidos y actuar como testaferro del monarca podía llevarle problemas con la Justicia. "Él tiene que encontrar un sucesor que se encargue de manejar todas las futuras transacciones y estructuras", explicó Fanjul, según afirma el citado diario. La segunda comunicación fue el mismo día, solo unas horas más tarde. A las 16:59 horas, el empresario del azúcar envió un mensaje a Corinna informando de quien sería finalmente el encargado de gestionar el dinero B del emérito. "Con respecto a la estructura [financiera] futura, él ha convencido en Allen para que se haga cargo en el futuro", aseguró Fanjul.

Estos mensajes demuestran que las transacciones que hasta el momento se vinculaban a Sanginés-Krause tendrían el origen en fondo de Juan Carlos I o en transacciones que él mismo dirigía y ordenaba. Y, por lo tanto, el exbanquero, se limitaba a actuar como pantalla. Ahora los juzgados de Barcelona investigan esta transacción de 1,3 millones de euros de Sanginés-Krause en la clínica personal del médico del monarca, Manuel Sánchez, a través de cuatro ampliaciones de capital presuntamente falsas entre 2016 y 2018. La Fiscalía apunta que esta cantidad de dinero habrían servido para regularizar pagos de tratamientos para clientes con "alto poder adquisitivo". Así pues, el médico del emérito y su mujer, también están imputados en este procedimiento.

Encubrimiento de clientes de la clínica

La Agencia Tributaria comprobó que aunque Sanginés-Krause había invertido 1,3 millones de euros en la consulta del doctor del emérito, solo tenía el 35% de las acciones, mientras que el médico, que solo había invertido 3.010 euros, controlaba el 65% de las participaciones. El exbanquero tampoco recibía dividendos ni asistía a las juntas de accionistas, eso encendió todas las alarmas. Así pues, tanto investigadores como la Fiscalía entendieron que Sanginés-Krause hacía las ampliaciones con el fin de encubrir a los pacientes que no podían utilizar el dinero legal para pagar las visitas a la clínica. Según demuestran las fechas de los correos, en el momento de la operación, Sanginés-Krause ya había asumido la gestión del dinero opaco de Juan Carlos I. El dinero de las cuatro ampliaciones era procedente de Sanlua Inversiones SL, una sociedad con sede en Madrid y creada por Sanginés-Krause solo un año después de convertirse en el testaferro del rey. En la primera querella, la Fiscalía indicó que se sospechaban que algunos de los pagos al doctor Sánchez pertenecían a Juan Carlos I.

El juez que dirige la instrucción ha enviado una comisión rogatoria en el Reino Unido para poder recoger más información sobre Sanginés-Krause, donde tiene fijada su residencia. Con todo, el ministerio público advierte que la investigación puede acabar afectando "a todas aquellas personas cuya identidad se revele en el curso de la instrucción como posibles partícipes en los hechos delictivos".