El rey Juan Carlos I ha hecho una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ahora ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según informa el diario El País.

El rey emérito, que huyó a la Unión de los Emirates Árabes Unidos en agosto, ya abonó el pasado 9 de diciembre al fisco 678.393 euros, correspondientes a una deuda tributaria de 2016 en el 2018, cuando ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. Con este pago, Juan Carlos I reconocía el fraude pero, al adelantarse a presentar la regularización antes de que se le comunicara la apertura de la investigación, intentaba eludir el delito fiscal.

La defensa el rey emérito ha presentado una declaración voluntaria en la Agencia Tributaria por los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, según fuentes próximas al caso. Disfrutar de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda.

La Fundación Zagatka se constituyó en Liechtenstein el 1 de octubre del 2003. Su primer beneficiario es Álvaro de Orleans, un ingeniero y empresario de 73 años, primo lejano del rey emérito. Según los estatutos, la entidad se creó para ayudar al entonces jefe del Estado en reconocimiento a su contribución a la democracia en España. El segundo beneficiario era un hijo de Orleans y el tercero y cuarto eran Juan Carlos I y Felipe VI en el supuesto de la muerte de los Orleans. En quinto lugar figuraban Elena y Cristina de Borbón.

Javier Sánchez Junco, abogado de Juan Carlos I, ha mantenido contactos con el Ministerio de Hacienda para esta nueva regularización fiscal del anterior jefe del Estado, que se estudiaba desde hace meses y que hasta ahora no se había ejecutado. El retraso ha sido a causa de la dificultad del rey emérito y de sus asesores para hacer aflorar la cantidad millonaria que ha tenido que abonar, según la versión oficial. Juan Carlos I tiene que demostrar el origen del dinero con el que ha pagado a Hacienda.

La cuota defraudada a Hacienda que admite ahora Juan Carlos I supera con mucho la que regularizó en diciembre pasado y también los 120.000 euros anuales que establece la ley como límite para el delito fiscal.

Pero la legislación prevé que cualquier contribuyente pueda evitar ser acusado de delito fiscal si abona la deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifiquen el inicio de actuaciones. La Fiscalía del Tribunal Supremo está todavía analizando si es correcta la regularización que el anterior monarca hizo hace dos meses y medio con el pago de una deuda tributaria de 678.393 euros, a través de su abogado.

 

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