Las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han presentado un escrito al Tribunal Supremo pidiendo su libertad provisional. Responden así la petición de la fiscalía, que ha solicitado hacer una vista para decidir si hace falta prorrogar la situación de prisión preventiva del propio Sànchez y del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que el 16 de octubre llevarán dos años encarcelados.

El escrito de Sánchez constata que no procede acordar la prórroga de la prisión provisional y pide la libertad sin necesidad de convocar la comparecencia de los dos acusados. Se remite a la argumentación que ha utilizado para pedir la libertad en otras ocasiones, y también recuerda el posicionamiento del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas.

 

La defensa de Jordi Cuixart solicita dejar sin efecto la medida de prisión provisional, tal como han pedido numerosos organismos y asociaciones internacionales especializados en la defensa de los derechos humanos. La defensa también recuerda que, para tomar esta decisión, no es necesaria la convocatoria de comparecencia. Así lo establece el artículo 505.1 de la LECRIM. Por lo que todo hace pensar que Cuixart no asistirá a la vista y por lo tanto no hará falta el traslado de Lledoners en Madrid.

La defensa de Jordi Pina tampoco cree que sea necesario el traslado, más cuando la comparecencia para el acusado sólo implica un último turno de palabra, que es evidente que sería para pedir la libertad, y que se puede hacer por videoconferencia.

Manuel Marchena tiene que pronunciarse el más bien posible sobre esta vista. Se tiene que convocar antes del día 16. La fecha límite es el 15, pero lo tiene que notificar antes en las partes. Por lo tanto el Tribunal Supremo podría convocarlos las próximas 48 horas.

La convocatoria de esta vista, no implica, sin embargo, necesariamente que el anuncio de la sentencia se deje para más allá del día 16. Todavía hay tiempo de hacerla pública. Eso sí, hace falta que esté acabada, y de momento no hay noticias de que lo esté. Todo hace pensar que el tribunal busca la unanimidad y quiere evitar los votos particulares que darían argumentos al TEDH, y por eso la demora en unos plazos, que por otra parte, no ha anunciado nunca el Tribunal Supremo.