La defensa de Jordi Sànchez ha decidido no presentar por ahora la petición de medidas cautelares ante el TEDH. Por el contrario, los abogados han decidido que sí presentarán recurso de apelación ante la Sala 2 del Tribunal Supremo.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió el viernes el pleno de investidura previsto para este lunes a la espera de lo que resolviera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, sin embargo, la estrategia de defensa cambia los planes del presidente del Parlament, que tendrá que tomar una decisión al respecto.

Legalmente, antes de ir al TDEH hay que presentar un recurso de apelación al Tribunal Supremo, a la sala de lo penal, que está por encima de Pablo Llarena. Por lo tanto, el formulismo hace retrasar los planes para la investidura nuevamente. La defensa, coordinada por Ben Emmerson —que dirige el recurso que se ha presentado a la ONU—, presentará este lunes por la mañana el nuevo recurso.

El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, valoró llevar el recurso al Tribunal de Estrasburgo ante la negativa reiterada del Tribunal Supremo de dejar en libertad provisional a Sànchez y de darle el permiso para asistir al pleno de investidura. Pablo Llarena argumentó de nuevo el riesgo de reiteración delictiva el viernes en el auto, en que subrayaba que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas "claramente ilegales y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestra ordenación jurídica, lo cual se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue apoyándose de presente".

Entre los argumentos, Llarena subraya que Jordi Sànchez ya concurrió a las elecciones privado de libertad y que "no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama".

Llarena ni siquiera esperó a que se acabara el plazo de cinco días que dio a las partes para posicionarse sobre la libertad de Sànchez y denegó las dos peticiones de su defensa: la libertad provisional y el permiso para ir a la investidura.

El magistrado admite en el mismo auto que si hubiera esperado a terminar el plazo, se habría producido "una demora en la resolución" que podría haber hecho "ineficaz el derecho que busca esta preservación". Llarena dio cinco días a las acusaciones, lo que provocaba que el mismo lunes de la investidura tuviera él la pelota en su tejado.

Ante esta decisión, la defensa de Sànchez se reunió con Torrent y acordaron sacar adelante un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como el Supremo lo notificó pasadas las 16 horas, el abogado no tenía margen de maniobra hasta este lunes, por lo que anunció que presentaría el recurso el lunes a las 8 horas. Y después de eso, el presidente del Parlament decidió aplazar sin fecha el pleno de investidura hasta que hubiera una resolución del TEDH, que según la normativa puede tardar en llegar entre 24 y 48 horas.

Este lunes por la mañana la defensa explicará más ampliamente las acciones que se llevarán a cabo y que de momento trastocan los planes de Torrent y de la investidura, que sigue paralizada.