Tal y como ya se preveía y como anunciaron ayer los abogados de Jordi Sànchez, la estrategia del presidenciable ha dado un giro, y hoy se ha presentado el recurso de apelación al Tribunal Supremo para que Sànchez pueda salir en libertad. Es el paso previo para llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El pleno de investidura está paralizado a la espera de la decisión del TEDH. Por eso el recurso que Jordi Pina, el abogado de Sànchez, ha presentado hoy hace clara mención de ello: "Resulta sin duda evidente que el Presidente del Parlamento no puede esperar indefinidamente a saber si el candidato Jordi Sànchez podrá o no ir al pleno, sobre todo teniendo en cuenta que, de forma ciertamente discutible, el Tribunal Constitucional ha interpretado (cautelarmente) que la investidura tiene que ser presencial a propósito del candidato Carles Puigdemont", y lo interpela a tomar una decisión en el tiempo más breve posible.

El recurso, de urgencia, se basa en los derechos fundamentales de Jordi Sànchez: "Vulneración de derechos fundamentales de mi mandante, de derechos fundamentales de sus votantes y grave lesión de valores fundamentales del ordenamiento constitucional, como la democracia, el pluralismo político, la autonomía política de Catalunya y la división de poderes, motivada por la denegación del permiso solicitado".

Según la defensa se han vulnerado hasta 3 artículos legales de derechos fundamentales: vulneración del artículo 23 de la Constitución, del artículo 3, del Protocolo 1 adicional en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen los derechos a la participación política y el acceso a los cargos públicos. Pina remarca que esta vulneración de derechos no afectan solo al acusado sino también toda la ciudadanía catalana: "Se ve frustrada la voluntad de los más de dos millones de personas que en las elecciones del 21/12/2017 votaron a partidos políticos que eventualmente podrían dar apoyo a la candidatura de mi mandante".

Impedir que Jordi Sànchez asista a su investidura, además, supone según el recurso "una grave restricción de la democracia como valor superior del ordenamiento constitucional español". El texto también cuestiona los argumentos de Pablo Llarena a la hora de impedir que Sànchez asista al pleno del Parlamento, ya que ha utilizado ideas puramente políticas que el abogado califica de "inauditas".