Persistentes, los abogados de los diputados electos encarcelados tratan de sacarlos de la cárcel, sea como sea, para que puedan cumplir con el mandato político encargado por la ciudadanía después de las elecciones del 21-D.
Ante la tardía respuesta del magistrado Pablo Llarena sobre la petición de salida de libertad provisional que el abogado de Jordi Sànchez presentó el viernes pasado, hoy Jordi Pina ha pedido al Tribunal Supremo un permiso por asistir a los plenos del Parlamento. El primero, el de investidura, previsto para dentro de 15 días como máximo, después de la constitución hoy del Parlamento de Catalunya.
La petición es como la que presentó, también, el abogado de Oriol Junqueras para que el vicepresidente pudiera asistir a los plenos. Pero Llarena lo desestimó el viernes pasado y derivó el derecho a desarrollar las funciones políticas en la delegación del voto en los plenos de constitución del Parlamento y el de investidura, lo que hace pensar que decidirá exactamente lo mismo en el caso de Jordi Sànchez.
De hecho, Llarena, en su respuesta de la semana pasada, ya apuntaba esta misma solución para Sànchez y Forn, que hoy han acabado delegando su voto en Jordi Turull, tal y como ha hecho, también, Junqueras en Marta Rovira, para escoger al presidente del Parlamento.