El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido al Tribunal Constitucional su libertad con el fin de poder pasar el confinamiento en casa y dirigir su propia empresa. Su defensa ha presentado un escrito al Constitucional pidiendo esta medida extraordinaria de urgencia, ante la excepcionalidad del momento y del estado de alarma decretado por el Gobierno. El equipo de abogados de Jordi Cuixart asegura que encontrarse cumpliendo la pena de prisión mientras se resuelve el recurso de amparo en este contexto de pandemia puede provocarle "perjuicios irreparables de una magnitud incontestable". Cuixart denuncia que, como empresario, y a pesar de tener aprobada la aplicación del artículo 100.2 para dirigir su propia empresa, tiene que hacer frente a la gestión de la actual emergencia sanitaria, social y económica desde el confinamiento de una celda de la prisión de Lledoners, y sólo con breves llamadas de 8 minutos.

El escrito también denuncia el "trato penal desproporcionado" que el Tribunal Supremo ha impuesto al presidente de Òmnium Cultural con una condena de 9 años de prisión por defender y ejercer estos derechos fundamentales. La defensa de Cuixart recuerda que así lo han denunciado los más altos organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, Amnistía Internacional o Frente Line Defenders. De hecho, los abogados del presidente de Òmnium reflejan en su escrito el importante posicionamiento de esta semana de la alta comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que ha pedido la liberación inmediata de los presos políticos en plena pandemia. En este sentido, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Ríos, sostiene que "por enésima vez, y ahora también lo ha manifestado la alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, las más prestigiosas y principales organizaciones e instituciones de defensa de los derechos humanos exigen la liberación inmediata de los presos políticos". Y ha remarcado que "pedimos a los poderes del Estado que dejen de hacer el ridículo a escala internacional, y se pongan al lado de la democracia y los derechos humanos".

La defensa de Cuixart denuncia que no hay motivo para parar la admisión del recurso de amparo presentado hace 20 días al Tribunal Constitucional, en el cual ya se pedía la suspensión de la pena del presidente de Òmnium. El escrito pone de manifiesto que la misma declaración del estado de alarma no afecta al funcionamiento del Constitucional en causas con detenidos y de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, como es la situación del presidente de Òmnium, entre otros. El mismo TC ha dictado un acuerdo que lo habilita para aprobar medidas cautelares y resoluciones en aquellos casos que lo requieran para proteger derechos fundamentales. Eso es precisamente lo que pide la defensa de Jordi Cuixart, amparándose en una vía prevista por la ley que regula el TC para supuestos de "emergencia extraordinaria".