Cuando Franco firmó sus cinco últimas sentencias de muerte, varios organismos internacionales denunciaron la violación de derechos humanos en España, pero sólo la prensa clandestina pudo informar de los hechos. Han pasado 43 años y esta semana en las Naciones Unidas se vuelve a debatir sobre violación de derechos humanos en España y la prensa y los medios convencionales han vuelto a comportarse como antes la prensa adicta al régimen. Han relegado, manipulado o silenciado una información que no tiene precedentes desde la dictadura y que era obviamente de interés no sólo para los catalanes, porque el respeto a los derechos humanos en España es algo que afecta a todos los españoles.

Hay dos hechos que marcan la regresión democrática. Uno es la claudicación de la izquierda política ante los poderes fácticos y el otro, la sumisión de los medios de comunicación al poder político. La democracia enferma cuando los contrapoderes dejan de funcionar y eso es lo que está pasando en España, una "democracia defectuosa", según el generoso índice de The Economist Intelligence Unit.

Entre la prensa de papel y los medios audiovisuales de ámbito español no hay ninguno que haya adoptado una posición inequívocamente crítica con un gobierno español, el de Mariano Rajoy, que tiene más frentes abiertos que ninguno de sus antecesores: paro, pensiones, desigualdades, ley mordaza, libertad de expresión, represión no sólo en Catalunya, en Murcia, en València, en Lavapiés... y corrupción, mucha corrupción... Eso pasa porque las angustias financieras han forzado a los editores de diarios incluso a cambiar de línea editorial en contra de sus lectores, porque ya no se sostienen por la venta de ejemplares, sino por los apoyos financieros bendecidos o auspiciados desde la Moncloa.

La falta de una prensa libre es un problema que afecta no sólo Catalunya sino toda España, pero la actitud beligerante de los medios hacia todo lo que rodea el proceso catalán merece una atención específica. Los principales medios escritos se han entregado en cuerpo y alma a construir un relato policial de los acontecimientos en Catalunya. Buena parte de los informes de la Guardia Civil sobre el procés están elaborados con recortes de diarios que contienen hechos no contrastados e interpretados a la ligera procedentes de fuentes policiales. Es decir, no se sabe dónde empieza el periodista y dónde acaba el policía. Y viceversa. Es una retroalimentación que sólo tiene como objetivo justificar a corto y a largo plazo toda la represión que se está practicando y que incluso Amnistía Internacional ha tenido que denunciar.

Ya lo decía aquel director del diario Abc, que “por encima de la verdad está la unidad de España”, pero con más coraje lo ha explicitado John Carlin en Vilaweb después de ser despedido del diario El País: "En mi caso, siempre he dejado claro que no voy a favor del independentismo, ni tampoco en Escocia. Pero no es suficiente con eso. Hay que despreciar absolutamente a los independentistas, casi odiarlos y faltarles al respecto de manera visible y sistemática. No es suficiente ir contra la idea; hay que ir contra las personas favorables al independentismo, y hay que dar apoyo a la posición del gobierno español". Efectivamente, incluso se han publicado listas negras de periodistas españoles "cómplices del independentismo" y lo ha firmado un periodista. Si la misma persona hubiera hecho la lista de periodistas anti-independentistas, lo habrían encerrado por crimen de odio.

"Somos periodistas, no somos confidentes", gritábamos hace cuarenta años cuando el poder político pretendía que los informadores reveláramos las fuentes para perseguir a los resistentes que consideraban "elementos subversivos". Hay fotos de la época que harían subir los colores hoy a unos cuantos que se hacían pasar por progresistas, que juraban y perjuraban haber fundado el Grupo Democrático de Periodistas y que ahora se han apuntado en cuerpo y alma al bombardeo mediático contra la resistencia catalana u optan por un silencio ante los abusos que los hace también culpables.

Un hecho significativo que sirve de conclusión es que en el debate en Ginebra sobre derechos humanos en España el encargado de defender las posiciones del gobierno de Mariano Rajoy no ha sido un representante estrictamente institucional, sino directamente un periodista de El País.