La ministra de Sanidad, Mónica García, espera que las comunidades autónomas den el visto bueno a los "nuevos criterios de transparencia y trazabilidad" en las listas de espera que ya rechazaron en el último consejo interterritorial de Sanidad el pasado julio después de las supuestas alteraciones que se han hecho en un hospital de Madrid. Según ha revelado El País, dos jefes médicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal rebajaron el grado de gravedad de los pacientes en la lista de espera por una intervención en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro para mejorar el balance de las listas de espera a espaldas de los profesionales cirujanos.
Según la información publicada por este diario, 57 pacientes de la lista de espera quirúrgica de este servicio pasaron de prioridad preferente (los que deben ser operados en un plazo de 90 días) a prioridad normal (operación antes de 180 días) entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado. De esta manera, "los responsables ganaban tiempo para conseguir el resultado esperado: que los pacientes fueran operados en plazo". El País afirma asimismo que estas modificaciones se hicieron a través del correspondiente sistema informático, sin valorar en persona a estos pacientes y sin hablar con los cirujanos de traumatología que habían determinado la gravedad de estos casos.
Según recoge el diario, tampoco se avisó a los pacientes de que se haría el cambio y algunos se enteraron al recibir la llamada desde el hospital sobre que su operación ya no era prioritaria. Según destacan médicos afectados, casi todos los pacientes tenían algo en común: su demora en la intervención oscilaba entre los 80 y 140 días, por tanto, en casos antes "prioritarios" y ahora "normales" dejaban de incumplir el objetivo de ser operados en 90 días.
En este contexto, el diario recoge que la buena gestión de las listas de espera influye en el complemento de productividad que los jefes de servicio y los miembros de sus equipos de dirección y gestión pueden recibir, según el contrato programa del Ramón y Cajal de 2025. Concretamente, uno de los indicadores de gestión eficiente que determina el documento premia o penaliza a los profesionales en función de si hay pacientes que han superado la fecha límite para su intervención (de 90 o 180 días) en el plus de productividad que puede llegar a los 3.579 euros para los jefes de servicio.
Lo hacen todas las comunidades, según AMYTS
Desde el sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), el mayoritario en Madrid, la noticia no les ha "llamado la atención", ya que, sostienen, "prácticamente la totalidad" de los centros sanitarios manipulan las listas de espera. Aseguran que "muchas consejerías" usan estas prácticas para "ocultar datos negativos" al Ministerio de Sanidad y aseveran que no es un problema "privativo de Madrid".
Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han negado injerencias de este tipo, esgrimiendo que la gestión de las listas de espera quirúrgica corresponden a los servicios asistenciales y no a la dirección del hospital. Y han incidido en decir que las listas de espera se establecen sobre la base de los "criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes, ratificado además, por el comité semanal de quirófanos". Las críticas a la Comunidad de Madrid han continuado, y la misma ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha advertido que "manipular" las listas de espera de la sanidad pública, "engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado".
Por esta razón, espera que las comunidades, ahora sí, aprueben los criterios de "transparencia y trazabilidad" en las listas de espera que rechazaron en la reunión del pasado mes de julio del Consejo Interterritorial del Sistema Estatal de Salud. En aquel momento, las comunidades pidieron más tiempo para aprobar los nuevos criterios comunes, que permitirán impulsar el nuevo real decreto sobre listas de esperas para sustituir el actual, aprobado en el año 2003. "Con la salud de los pacientes no se juega", ha remachado la titular de Sanidad después de confiar en que ahora sí que se aprueben estos indicadores. En declaraciones remitidas posteriormente a los medios, ha precisado que se volverán a llevar al consejo interterritorial "en las próximas semanas".