El comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha recordado este martes que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juzgado del Prat de Llobregat no ven terrorismo en los actos del Tsunami Democràtic en octubre del 2019 en el aeropuerto Josep Tarradellas. Así y todo, no ha querido calificar los hechos, aunque admite que como mínimo fueron "desórdenes públicos importantes". En una entrevista en TVE y preguntado sobre si ve terrorismo en los actos del Tsunami Democràtic el otoño del 2019, Sallent ha dicho que la policía no califica los hechos, sino que lo hacen los fiscales y finalmente los jueces. También ha recordado que la Audiencia Nacional archivó una investigación sobre posibles injerencias rusas en el Procés.
Sallent ha explicado que en su momento los Mossos d'Esquadra entregaron al juzgado del Prat un atestado sobre los disturbios en el aeropuerto y que "no hubo este enfoque", en referencia a posibles delitos de terrorismo, por parte de la autoridad judicial y fiscal. No obstante, ahora el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sí que lo investiga en este sentido. Para Sallent, lo que no hay duda es que fueron "desórdenes públicos importantes", y ha recordado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve terrorismo.
Actividad espía en Barcelona
Con respecto a la posible presencia de espías rusos en Barcelona durante los años del Procés, ha dicho que "es normal que haya movimiento de espionaje de todo el mundo en Barcelona, es una ciudad muy cosmopolita también en eso; nos consta que hay actividad de todos los países en Barcelona y Catalunya que velan por sus intereses". En todo caso, a pesar de la investigación del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona sobre la posibilidad de que espías rusos quisieran intervenir en el Procés y la política española, Sallent ha recordado que la Audiencia Nacional archivó esta parte. "Veremos a qué conclusiones arría y hasta dónde llega", ha remarcado.
Por otra parte, para el comisario jefe, el president Puigdemont es una "persona que suscita reacciones que pueden poner en riesgo su integridad", y por eso el Govern pidió que recupere al escolta policial, aunque viva en Bélgica. "En el actual escenario hay un tensionamiento importante por la amnistía, hemos podido observar cómo determinados entornos tienen más riesgo de poder recibir una agresión que de otros," ha dicho, aunque no ha querido decir si recomienda la protección policial o no. Sallent ha dicho que la cuestión está pendiente de un informe de la Abogacía del Estado y que se podría abordar en la próxima Junta de Seguridad de Catalunya.
La procedencia del delincuente, irrelevante
Con respecto a la delincuencia común, según Sallent, la procedencia del delincuente no es relevante para explicar el aumento de la delincuencia, sino que esta viene marcada, sobre todo, por la exclusión social. Por eso, ha querido sacar del ámbito policial el debate político sobre la expulsión del país de los inmigrantes multirreincidentes. Tampoco ha querido opinar sobre si haría falta un endurecimiento de las penas, pero cree que la ley se tendría que aplicar con más eficacia y rapidez. "Parece claro que tiene que haber una respuesta inmediata entre el hecho penal y la pena que un juez considere; si lo trasladamos al ámbito familiar, no tiene sentido castigar a nuestro hijo tres meses después de que haya hecho una cosa inadecuada".
Sobre la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) embestidos por una 'narcollanxa', Sallent lo ha calificado de "terrible" y más todavía por el hecho de que hubiera jóvenes aplaudiendo a los traficantes. Para el comisario jefe, la sociedad europea actual ha perdido el respeto a la autoridad en general, tanto a la policía como con los maestros u otros ámbitos. Por eso, ha pedido una reflexión general sobre la cuestión. También ha considerado que la pandemia ha podido provocar un aumento de la violencia y la delincuencia entre los menores de edad.
Con respecto al tráfico de drogas, ha dicho que en Catalunya la problemática está aumentando, aunque no es tanto grave como al sur de la península. Además, ha dicho que la legalización de la marihuana no supondría tan fácilmente una reducción de la delincuencia relacionada. "El cultivo legal también tendría asociadas unos gastos, y podría pasar de que otras organizaciones buscaran abaratar costes y vender fuera del circuito legal", ha relatado.