El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo hizo un primer informe en el cual consideraba que hay indicios del delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, al entender —después de leer la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón— que los controladores aéreos del aeropuerto del Prat habrían quedado secuestrados por la gran movilización ciudadana del 14 de octubre de 2019, contra la sentencia del Supremo a los líderes catalanes. Redondo, al informarse mejor, ha visto que los controladores aéreos no perdieron su libertad de movimientos, a pesar de las dificultades por la protesta, y por ello descartó el delito de terrorismo, según han informado fuentes fiscales a ElNacional.cat.
Precisamente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su visita a Barcelona este miércoles ha calificado de "traición al compañerismo" que se filtrara a los medios de comunicación el borrador. También ha negado que obligara a Redondo a cambiar su opinión. Según fuentes próximas al caso, Redondo envió el borrador sobre el caso de Puigdemont a uno de los dos presidentes de la junta de fiscales del Supremo, Fidel Cadena, y este lo habría pasado a otros colegas, como los que participaron en el juicio del 1-O, como Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, y uno de ellos a la prensa.
Tesis del juez
El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional mantiene los indicios de terrorismo por dos motivos: el supuesto bloqueo aéreo en el Prat y la muerte de un ciudadano francés por un ataque de corazón, a pesar de que los servicios médicos y una jueza han descartado que esta muerte tenga relación con la protesta ciudadana. El magistrado García-Castellón activó la investigación de la causa de Tsunami, el 6 de noviembre pasado —coincidiendo con el acuerdo de Junts y el PSOE por la amnistía— con la imputación del president Puigdemont, la secretaria de organización de ERC, Marta Rovira, el diputado de ERC, Ruben Wagensberg, y otras nueve personas más. El juez, incluso, ha preguntado en la OTAN sobre la seguridad aérea aquel día de la manifestación.
Fiscal en contra
El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha realizado dos informes muy críticos con el juez García-Castellón, al considerar que los indicios que se imputan a los investigados de Tsunami solo podrían encajar en el delito de desórdenes públicos graves. Y, incluso, detalla que ni la Guardia Civil en sus informes no imputa ninguna acción al president Puigdemont. También le ha reprochado al magistrado que no esperara la respuesta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional sobre su recurso y elevara la causa al Supremo.
En este sentido, el fiscal general del Estado ha manifestado a los periodistas, este miércoles, que no quiere opinar de la causa de Tsunami, que la división de opiniones no es extraño y lo ha comparado con los votos particulares que hacen los jueces en una sentencia. Con todo, Álvaro García Ortiz ha indicado que el experto en terrorismo es el fiscal de la Audiencia Nacional.