48 horas después de las detenciones a los independentistas que quemaron las fotos del Rey el 11 de septiembre pasado y que la CUP haya pedido su dimisión, hoy, el conseller de Interior, Jordi Jané, ha hablado.
Lo ha hecho para defenderse a él y a los Mossos d'Esquadra. Jané asegura que tiene "todo el apoyo del president Puigdemont y de los consellers". "Me siento legitimado para seguir en el cargo", ha añadido en unas declaraciones a la prensa durante un acto de seguridad vial. "Los Mossos hacen una buena tarea al servicio del país", ha añadido. Ayer el Govern cerró filas con Jané.
La CUP denuncia que los Mossos actuaron de oficio y que ni la Audiencia Nacional ni la Fiscalía habían movido ficha antes de la actuación policiales. Mireia Vehí mostró ayer en público el atestado policial que el 12 de septiembre la policía catalana envió al juez. No había mandato judicial y la policía actuó de oficio denunciando la acción.
El conseller de Interior asegura que no hubo ninguna orden política, pero admite que tampoco hay ninguna orden para parar los ataques del Estado al procés, incluso, cuando ni siquiera el Estado actúa: "Yo no he dado ninguna orden a los Mossos pero tampoco he dicho 'dejen de hacerlo'"
Jané cree que el independentismo se tiene que mostrar desde la convivencia, el orden y el civismo, y en defensa de la policía catalana ha dicho: "Sea cuál sea el Código Penal, los Mossos tienen que cumplirlo".
A pesar del atestado policial que ayer destapó la CUP, el conseller de Interior mantiene que no se actuó de oficio, sino que los Mossos obedecieron órdenes del juez: "Es falso que Interior haya abierto diligencias contra los manifestantes". "Interior no puede pedir a los Mossos que incumplan una orden judicial", ha añadido.
La CUP alerta de cuál será la actuación de los Mossos d'Esquadra cuando la ofensiva judicial del Estado empiece a afectar a los cargos electos del país. Al grupo parlamentario le preocupa que la policía catalana no esté al servicio del procés y del propio president Carles Puigdemont.
La cara y la cruz
La víspera del 9-N, los Mossos d'Esquadra recibieron la orden de la Fiscalía General del Estado de hacer la lista de voluntarios que hacían posible la consulta y que la entregaran al ministerio público. La policía tenía que presentarse a los institutos e identificar a todos los voluntarios. Y no lo hicieron.
La Fiscalía General del Estado, que finalmente acabó presentando una querella, no movió ficha contra la policía catalana que desobedeció su orden. No pasó nada. Y en el transcurso de la investigación, cuando se valoraban nuevas imputaciones, se descartó la del entonces conseller de Interior, Ramon Espadaler.
La CUP reclama ahora saber qué pasará y qué estrategia se seguirá en el momento que llegue la orden de detención del concejal de Vic, Joan Coma, pero también del resto de alcaldes y concejales que han votado a favor de la declaración de ruptura del Parlament y por la que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación. El juez pidió a los Mossos todas las actas de los plenos, y la policía se dirigió a los ayuntamientos a pedirlas. Muchos no se las dieron y los derivaron a sus webs donde están publicadas.