La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha lamentado esta mañana que, a pesar de las repetidas denuncias de su partido, el informe de la Comisión Europea sobre la salud del estado de derecho en España no ha incluido lo que la formación naranja describe como "desacato continuo y organizado" del gobierno catalán a las sentencias de la justicia española. A finales de junio, la presidenta del partido, Inès Arrimadas, se reunió con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para mostrarle la preocupación de Cs sobre esta cuestión. Al acabar la reunión, Arrimadas anunció que el informe anual de la Comisión incluiría cuestiones como el incumplimiento en Catalunya de sentencias referidas al uso del castellano.
No obstante, esta mañana la Comisión Europea ha presentado el informe del ejecutivo comunitario que analiza la salud democrática de España y no incluye la referencia que Arrimadas había anunciado sobre Catalunya. Lo que sí aborda el informe en su evaluación de los riesgos para el estado de derecho en España es la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que considera "insostenible" y "anómala".
Desacato continuo
"Lamentablemente, el estado de derecho en España se ha convertido en uno de los que ha focalizado la atención. Lo que hemos estado denunciando referido al Consejo del Poder Judicial, la fiscalía o la corrupción ha sido observado por el Ejecutivo comunitario, pero ciertamente no están valorando el desacato continuo y organizado del gobierno catalán con respeto a la aplicación de sentencias en materias de derechos fundamentales, porque sólo está mirando, parcialmente, a la actuación del gobierno central", ha reprochado Pagazaurtundua.
La eurodiputada naranja ha denunciado que "el estado de derecho en Catalunya no disfruta de buena salud" y que el Gobierno "mira hacia otro lado por razones políticas". "Existe un conflicto abierto entre el Gobierno de Catalunya y el poder judicial, que pone en riesgo el estado de derecho en España, pero el gobierno de Sánchez no hace uso de las medidas de que dispone para abordar este conflicto", asegura.
La conclusión de la eurodiputada es que el sistema de evaluación del estado de derecho que aplica la Comisión Europea tiene que madurar y cubrir también la situación a las entidades subestatales con alto nivel de competencia. "Mientras tanto, no tengan ninguna duda que seguiremos documentando cada violación a la ley que se produzca, cada discriminación de derechos fundamentales y cada desacato a la justicia. Más pronto que tarde tendrán que exigir en España que garantice un estado de derecho de calidad", ha concluido.