La Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha abierto una investigación sobre las 55 grabaciones de manifestaciones, actos políticos y concentraciones hechas por los Mossos d'Esquadra durante los dos últimos años, presuntamente sin la autorización del Departament de Interior. La investigación se inicia al admitirse a trámite una denuncia presentada por la CUP.
Desde la CUP consideran que estos hechos son "una flagrante vulneración de derechos" por parte de los Mossos. La denuncia nació a raíz de las respuestas a unas preguntas de los diputados de la formación independentista a la Conselleria de Interior. A las preguntas sobre las actuaciones del cuerpo policial durante manifestaciones en los pasados dos años, los anticapitalistas recibieron como respuesta que en aquel periodo se realizaron 99 grabaciones, de las cuales "solo 44 tenían la autorización necesaria para hacerlas", según informa Efe.
Según el partido estas grabaciones podrían haber sido utilizadas "en investigaciones o procedimientos penales, o para otras finalidades claramente ilícitas como la generación de ficheros con una clara intencionalidad política de control de determinados movimientos políticos y sociales por su orientación ideológica". Si la actual investigación lo confirma, la CUP considera que sería "una evidencia más de la persecución política por parte de los Mossos d'Esquadra hacia la disidencia política", además, de "una vulneración de derechos de protección de datos y, de forma específica, una afectación en el derecho en la propia imagen, derecho al honor, derecho a manifestación, derecho a la libertad de expresión, y derecho a la participación política".
Historial de investigaciones
El pasado 22 de julio fueron admitidas a trámite dos querellas contra una presunta práctica de espionajes por parte de los Mossos y el Gobierno presentadas por diferentes entidades de la izquierda independentista.
La primera querella fue presentada por Alerta Solidaria por suplantación y revelación de secretos en nombre de Lluna Berlanga, portavoz de La Forja. El colectivo juvenil está directamente relacionado con la segunda querella, la cual agrupa el resto de casos de espionaje digital contra lo mismo.
La evolución de estas investigaciones puede afectar directamente a las relaciones entre la CUP y el Gobierno, el cual depende de los anticapitalistas para mantener la mayoría independentista en el Parlamento. La fiscalización de la CUP sobre Interior ha constado desde el inicio de la legislatura y es que los cupaires ya dejaron claras sus prioridades en el pacto con ERC para dar apoyo al Gobierno, donde hacían especial mención del cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Imagen principal: Un grupo de Mossos d'Esquadra ante los manifestantes que protestaban por la visita de Pedro Sánchez al Liceo / Montse Giralt