La Fiscalía de Odio de Barcelona investiga "el acoso discriminatorio" que sufrió Begoña Suárez, la enfermera catalanófoba del Hospital Vall d'Hebron, que criticó a través de un vídeo de TikTok que se pida el C1 para conseguir una plaza de enfermera en Catalunya, según avanza este jueves El Mundo. La Fiscalía abrió la investigación el pasado 21 de abril a raíz de una denuncia presentada por la entidad Impulso Ciudadano donde recogían los insultos y los ataques que recibió la joven a través de las redes sociales después de hacerse público el vídeo. La entidad asegura que en estos comentarios "incidían al origen andaluz y en su condición de castellanohablante que desconoce el idioma catalán". En este sentido, apuntan que se trata de un acoso en el cual el origen andaluz de la enfermera "su condición de no catalana de origen y de castellanohablante es relevante".

Mensajes de odio en las redes sociales

La denuncia presentada por Impulso Ciudadano apunta que "los asediadores de Suárez" pidieron no solo su despido del hospital, sino "que se la expulse de Catalunya". Precisamente, por estos ataques, la entidad considera que los hechos se pueden enmarcar en las conductas perseguidas por la Ley catalana de igualdad de trato y no discriminación, que tiene la intención de "erradicar cualquier actuación o comportamiento que pueda atentar contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre expresión, sin ningún tipo de discriminación de la misma personalidad y de las capacidades personales".

 

Además, la denuncia también acusa al conseller de Salut, Manel Balcells, de utilizar su cuenta de Twitter para "criticar el contenido de las declaraciones hechas por Begoña Suárez y advertir que se le abriría un expediente" y como "el señalamiento condujo a la proliferación de mensajes de odio en las redes sociales", algunos de los cuales están recogidos en el escrito presentado ante el Ministerio Público. Entre los tuits recogidos por la organización se encuentra uno que pide "el despido inmediato del trabajo y desearle el mayor de los males en su vida", así como de otros que invitaban a la enfermera catalanófoba "a volver a Cádiz y disfrutar del paro que allí te ofrecen", también recibió insultos de diferente tipo.

Algunos de los hechos denunciados por Impulso Ciudadano que ahora serán investigados por la Fiscalía sitúan "la utilización del poder público con la finalidad de limitar la libertad de expresión de los ciudadanos; en este caso de los trabajadores públicos". Además, también considera que "el acoso intimidatorio contra el disidente" se ha utilizado "como mecanismo disuasivo por parte de poder público". Así pues, defienden que se pone de manifiesto la "gravedad de los acontecimientos que el acoso referido haya sido orquestado desde la misma Administración Pública", consideran que puso en marcha un mecanismo de "persecución en las redes sociales contra una empleada pública".