El Parlament ha recibido este jueves la resolución del Tribunal Constitucional sobre el pleno de investidura —aunque hace dos días que se tendría que haber celebrado—, lo que supone que a partir de ahora se abre un plazo de diez días hábiles para que la cámara presente alegaciones. Eso supone que la cámara tiene ahora hasta el 15 de febrero para defender su posición delante el tribunal, que dictó medidas cautelares contra la investidura del president.
Todo apunta a que la cámara presentará las alegaciones, ya que el presidente Roger Torrent así lo aseguró cuando anunció el aplazamiento del pleno. De hecho, los servicios jurídicos de la cámara llevan días trabajando.
Esquerra, que el día del aplazamiento ya habló de una "ventana de diez días" para encontrar las garantías para investir a Puigdemont, confía en que las alegaciones permitan encontrar una vía a la investidura sin entrar de nuevo en una batalla judicial con el TC, que perjudique la nueva Mesa y deje sin efecto la investidura.
Sin embargo, el tribunal ya desestimó las alegaciones presentadas por Junts per Catalunya, por lo que nada hace pensar que el veredicto de los magistrados pueda ser demasiado diferente esta vez. Teniendo en cuenta los diez días de plazo para presentar las alegaciones, y el tiempo que necesitaría el TC para estudiarlas después, el tribunal podría no resolver hasta marzo sobre la investidura.
Esta situación podría bloquear la puesta en marcha del nuevo Govern, ya que no está claro si durante el periodo que el Constitucional decide el plazo para convocar nuevas elecciones ha quedado parado o no. La semana que viene los letrados emitirán su informe sobre esta cuestión, pero la decisión final estará en manos de Torrent.
Hay que recordar que el TC prohibió el sábado la investidura de Puigdemont a distancia y sin permiso judicial después de que el Gobierno español impugnara el viernes la candidatura del presidente cesado para evitar que volviera a ser reelegido en el cargo.