Nuevo capítulo en la repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta en la crisis migratoria del pasado mes de mayo. Después de que la justicia lo haya parado durante tres días, ahora el ministerio del Interior ha asegurado en la Audiencia Nacional que "no existe ningún acta o instrucción" del departamento encabezado por Fernando Grande-Marlaska en la que se ordenen estas devoluciones.

En un escrito dirigido a la sala de lo contencioso administrativo, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, argumenta que el documento que solicita es un escrito del 10 de agosto que "se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega que se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos".

De esta manera, según expone Pérez, "como no existe actividad administrativa impugnable por parte del Ministerio del Interior", la Audiencia Nacional tendría que proceder a la inadmisión del recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, en el que se pedía la suspensión cautelar de los traslados de los menores.

Inadmisión e incompetencia

Ante estas peticiones, el Ministerio ha querido aclarar que la orden no ha sido dictada por el departamento, y por lo tanto, la Audiencia Nacional no es competente. Así, desde el Gobierno insisten en que fue el gobierno de Ceuta quien solicitó "la aplicación del acuerdo" entre España y Marruecos y, por eso, Interior redactó el escrito en respuesta a esta petición.

Ayer, el ministro Marlaska tuvo que volver a salir en defensa de su gestión de las repatriaciones, asegurando que estas se están haciendo con garantías y conforme al acuerdo de cooperación suscrito en 2007 entre España y Marruecos de prevención de migración ilegal de menores y su retorno concertado.

Además, según puntualizó, el Gobierno no está haciendo expulsiones, sino "retornos asistidos en beneficio del menor" porque tienen como objetivo "restablecer su vida familiar y cultural". En este sentido, ha remarcado que su Ministerio es un "engranaje más", ya que los retornos son fruto de una "coordinación interinstitucional".

El PP rescata a Marlaska

En la misma línea que el secretario de Estado de Seguridad, el ministro ha defendido, desde que el viernes pasado se aprobó el traslado, que esta había sido una decisión de la ciudad autónoma. Según ha explicado, es el gobierno de Ceuta quien tiene la tutela de los menores, y por lo tanto a quien se encarga de determinar si ser devueltos con la familia está en su interés. Ayer, su presidente, Juan Jesús Vías (PP), se mostró "convencido" de que se había actuado de manera legal en las devoluciones. En unas declaraciones que sirven para proteger en Marlaska, Vías asegura que "si hay alguien políticamente responsable de las decisiones adoptadas, este soy yo".

De esta manera, Vías explica que fue él quien dio la orden de iniciar el retorno de los más de 700 niños migrantes que malvivían en Ceuta en una situación precaria desde el mes de mayo: "Vivían sin techo y en asentamientos inadecuados", reconoce. Según el político del PP, antes habría pedido ayuda al Gobierno para aplicar el convenio con Rabat del 2007, ya que está convencido de que los niños "están mejor con sus familias".

Retornos paralizados

Precisamente, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de la ciudad autónoma ordenó el lunes a última hora la paralización de "todas las devoluciones" de menores migrantes a Marruecos "hasta que se verifique cómo se ha realizado el procedimiento", durante los siguientes tres días. Este plazo acaba mañana jueves.