El Ministerio del Interior ha obligado a los representantes de la administración que el 10-N se encargarán de enviar al centro de datos los resultados de las mesas electorales, a firmar una declaración jurada por la que se comprometen a no airear las incidencias que se puedan producir tanto en el simulacro como el día de la votación, según informa El Independiente.
De forma novedosa, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska impone así la ‘ley del silencio’ a fin de evitar que, si se registraran fallos en el sistema de grabación y envío de los datos, no trasciendan y no se conviertan así en motivo de mofa en las redes sociales como sucedió en los ensayos preparatorios de las elecciones municipales y europeas del pasado 26 de mayo. Entonces, el adjudicatario de dicho encargo fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Scytl Secure Electronic Voting SA y Vector Software Factory SL.
De manera directa y tramitado por vía de emergencia, el Gobierno español ha adjudicado a Indra -proveedor del mismo servicio con motivo de la cita del pasado 28 de abril- el contrato relativo al escrutinio provisional de los resultados electorales del 10 de noviembre. La multinacional tecnológica española era junto a la catalana Scytl la otra empresa homologada por Interior -dentro del acuerdo marco formalizado en diciembre de 2018- para optar a la contratación de los servicios necesarios para poder llevar a cabo la obtención y difusión de los votos ante la concatenación de comicios: las generales del 28 de abril y las municipales y europeas del 26 de mayo.