El pacto de gobierno entre el PP y Vox en el País Valencià conocido este jueves deja signos evidentes de la política lingüística que pretenden implantar en esta legislatura: fortalecer y blindar la presencia del castellano a todos los ámbitos y, en contraposición, reducir la promoción del valenciano como lengua propia del territorio. Debajo del paraguas de la "libertad de elección", las 50 medidas anticipan una ofensiva lingüística a base de vaguedades, conceptos genéricos y eufemismos que esconden la intención de arrinconar todo aquello relacionado con el valenciano. En la literalidad de los acuerdos, el PP compra el marco de la extrema derecha, basado en el anticatalanismo, la xenofobia y el masclismo.

Menos presencia del valenciano

El documento en el cual se hace la relación de medidas, que está escrito exclusivamente en castellano, otorga la vicepresidencia y la conselleria de Cultura al torero Vicente Barrera y tiene como leitmotiv la "libertad de elección". Una de las prioridades de la coalición, según el texto, será "eliminar las subvenciones a las entidades o asociaciones que promueven los 'Països Catalans'". En el punto de mira, por lo tanto, quedan los colectivos, como Acció Cultural del País Valencià, que promueven y protegen el uso social del valenciano y la unidad lingüística con el catalán, que vivirán una ofensiva en contra a la vista de los acuerdos.

 

En este sentido, la coalición se ha propuesto aprobar una Ley de Señas de Identidad con el objetivo de "proteger los valores, costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la riqueza plural de España", a la vez que se ha puesto entre ceja y ceja "derogar las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos". El ejecutivo entrante pretende tumbar la ley de memoria democrática aprobada por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, que ya había servido para multar a ciudadanos que exhibían simbología franquista.

Castellano o valenciano: "libre elección"

Con todo, la educación y la lengua es uno de los ejes principales. Sobre el papel la jugada es sibilina. En un territorio en el cual el uso del catalán está en claro retroceso y en inferioridad respecto del castellano, el PP y Vox apuestan por "la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos lenguas en todas las etapas educativas", dejando entrever que se eliminará el modelo plurilingüe que ha impulsado el Pacto del Botánico en los últimos años que permitía a los alumnos el dominio del valenciano, el castellano y el inglés. El modelo vigente permitía escoger la línea de estudio, en catalán o castellano, y se establecía un mínimo de contenidos de cada una.

Dicho de otra manera, la medida implicará a la fuerza una reducción del valenciano en el sistema educativo porque, como lengua minorizada, no compite con las mismas condiciones sociolingüísticas que el castellano, que es la predominante en las calles. Es de suponer que, al ser la lengua mayoritaria, las familias escogerán cursar la enseñanza en castellano en las aulas, dejando a la intemperie la protección administrativa del catalán en los centros escolares, en el marco de la inmersión lingüística. 

La "libre elección" es un subterfugio para apuntalar el predominio del castellano como lengua vehicular en las aulas y arrinconar al valenciano. De hecho, una de las primeras medidas que ha puesto sobre la mesa al futuro presidente, Carlos Mazón, es eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos, creada en el 2017, que él mismo definió como "Oficina de Policía Lingüística" y que se basaba, según su criterio, en un "ejército de asesores lingüísticos nombrados en dedo". El plan de Mazón y Barrera es poner más inspectores educativos en las aulas para "sacar la ideología de las aulas", una forma fina de amedrentar a los profesores para evitar que aborden cuestiones delicadas. La huella de Vox también se deja notar porque, en el acuerdo, se incluye una especie de pin parental, aunque le cambian el nombre con una semántica más simpática: una de las medidas es garantizar que "los padres autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares". El pin parental consiste en dar potestad a los padres para vetar, por ejemplo, clases de educación sexual a sus hijos.

À Punt "por la concordia"

En esta batalla, los medios de comunicación públicos siempre son campo abonado para la batalla ideológica. En este sentido, el PP y Vox aseguran la continuidad de la televisión y radio autonómica À Punt, aunque sugieren que recortarán el presupuesto. "Apostaremos por un modelo racional con la coyuntura económica", añaden. También pondrán la mano a los contenidos "que favorezcan la concordia y respeten los valores constitucionales", deslizando que hasta ahora no era así. Vox siempre ha defendido cerrar las televisiones autonómicas, pero ahora se abre a ahogarla. La declaración de intenciones se forja desde un inicio porque el primer punto de las medidas en el País Valencià es "defender la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y diversidad cultural". En este caso, el independentismo no se interpreta como una opción política legítima.

Al margen de cuestiones identitarias y culturales, el acuerdo de derechas también niega la existencia de la violencia de género y, en este punto, se mimetiza con la terminología ultra y habla de promover políticas para "erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren las mujeres y los niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas." También apuesta por bajar el IRPF a las rentas medias y bajas,  y eliminar el impuesto turístico mientras que no hay ningún punto dedicado a la emergencia climática. Por lo que refiere a la seguridad, el acuerdo habla de crear "una oficina para asesorar a totas las víctimas ante las ocupaciones ilegales", a la vez que apuestan por retirar subvenciones a las entidades que "emparan casos d'immigració il·legal", en referencia a Open Arms.

"Crearem una oficina especialitzada per a l'assesorament i acompanyament de totes les víctimes enfront de l'ocupació il·legal"

El juego de equilibrios PP-Vox en todo el Estado

El acuerdo en el País Valencià ha sido veloz, en contra de los rumores que apuntaban que se rubricaría después de las elecciones generales del 23 de julio. En Cantabria, los populares podrán eludir Vox gracias a la abstención del Partido Regionalista de Cantabria. Pero hay otras comunidades en las cuales el PP y Vox también están condenados a entenderse. La celeridad valencia ha contrastado con el choque murciano porque en el sur del País Valencià los populares han excluido la extrema derecha de la mesa del parlamento regional. Eso ha indignado a los ultras, que querían presidir la cámara y, por eso, han amenazado con forzar una repetición electoral.

La concesión a la ultraderecha en Valencia puede ser una arma del PP para exigir gobiernos en solitario en el resto de comunidades que bailan, en contraposición a la prioridad de los ultras, que se afanan por entrar a los ejecutivos. En Extremadura, el PP necesita el apoyo de Vox porque el PSOE fue la fuerza más votada el 28 de mayo y María Guardiola cree que podrá gobernar en solitario. En Aragón y en las Islas Baleares, las dos fuerzas a la derecha del PSOE también están negociado cómo superar la investidura. En estas dos comunidades, los partidos regionalistas como Sa Unió y Aragón Existe pueden tener la llave para evitar la influencia ultra.